Luego de las elecciones presidenciales en Venezuela del pasado 28 de julio, las detenciones por motivos políticos se han incrementado, no solamente contra venezolanos de a pie y dirigentes políticos que estuvieron vinculados a la campaña de Edmundo González Urrutia, sino también contra autoridades locales que se identifican con la oposición.
Por lapatilla.com
En lo que va de año, al menos ocho alcaldes opositores, electos en 2021, ya no están en sus cargos debido a causas políticas, ya sea porque los detuvieron o debieron exiliarse tras la persecución.
En el estado Zulia, el pasado 1° de octubre fue detenido en la sede de la Alcaldía de Maracaibo, el burgomaestre Rafael Ramírez, junto a otros funcionarios de la municipalidad, debido a que actores políticos del oficialismo denunciaron presuntos hechos de corrupción en la gestión del mandatario local.
Transcurridos 10 días del hecho, Adrián Romero fue designado alcalde de la ciudad por un lapso de 90 días, mientras se espera el desenlace de la situación legal de Ramírez.
La sustituta autoridad municipal de Maracaibo anunció la designación de nuevos directores, debido a la detención de cuatro de ellos. La dirección de Talento Humano será asumida por José Molina, pues quien estaba al frente de esta oficina, Diana Berrios, fue aprehendida. El nuevo director de Seguridad Ciudadana será Aldryn José Parra, en sustitución de David Barroso, quien también fue detenido junto al alcalde Rafael Ramírez. En la dirección de la Secretaría del Despacho asume Mayerlin Morales por Margarita Asanza, que igualmente está detenida. La Dirección de Despacho será ocupada por Misael Medina, en sustitución de Pedro Guanipa, detenido el pasado 26 de septiembre.
Otro caso ocurrido en Zulia se dio el pasado 31 de julio cuando fue arrestado el alcalde de Lagunillas, José Mosquera Adarme. Lo trasladaron a la sede de la Dgcim en Caracas y fue excarcelado el 6 de agosto.
La más reciente aprehensión en Zulia ocurrió el pasado 18 de octubre, cuando la Policía Bolivariana de la región procedió a la detención arbitraria del abogado Eduardo Labrador, legislador del Consejo Legislativo de la entidad, dirigente de Zulia Humana y profesor e investigador la Universidad del Zulia (LUZ). Hasta el momento de escribir este reportaje, sus familiares desconocían el paradero de Labrador.
Prohibido hablar del #28Jul
A esta lista se le suma que en el estado Mérida fue aprehendido el alcalde de Rangel, Abraham Hayón Crochón, según confirmó el 4 de septiembre el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, en su programa Con el Mazo Dando transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
La captura se efectuó luego de que el pasado 16 de agosto se publicara un vídeo en la cuenta de Instagram de la Alcaldía de Rangel, donde Hayón Crochón reflexiona sobre la actual coyuntura política en Venezuela, cuestiona los resultados electorales divulgados por el CNE y pide a EEUU “intervenir en una acción humanitaria” para “resguardar la paz” en Venezuela.
Luego de esto, el ministro Cabello señaló que “pedir contra la nación donde se nació una intervención militar por parte de fuerzas extranjeras, es traición a la patria y, aunque yo no soy juez, lo mínimo que debe salirle es 30 años de cárcel para que respete a su propio país”, sostuvo.
Actualmente, Godelia Ramírez es la alcaldesa encargada.
En el estado Trujillo también se reportó la detención del alcalde del municipio Urdaneta, José Leocadio Carrillo, el pasado sábado 17 de agosto. Sin embargo, fue liberado el día después de su arresto. Adicionalmente, Carrillo fue inhabilitado políticamente por la Contraloría el pasado mes de junio. La medida le permite continuar en el cargo hasta 2025, pero no podrá presentarse nuevamente a elecciones.
Autoridades interceptadas por cuerpos de seguridad
El 17 de agosto fue detenido el diputado al Consejo Legislativo del estado Carabobo (Clec) por la fracción de la Unidad y secretario de organización regional de Un Nuevo Tiempo, Carlos Molina, luego de que fuese interceptado por funcionarios de seguridad del Estado al salir de una concentración opositora en Valencia.
Sumado a esto, el 2 de agosto en horas de la noche se conoció que presuntamente funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) interceptaron en Prebo, al norte de Valencia, a Vicente Scarano Brandonisio, coordinador general de la Alcaldía de San Diego. Cabe resaltar que Vicente Scarano también es hijo del exalcalde de San Diego, Enzo Scarano, y de la exalcaldesa de esa jurisdicción, Rosa Brandonisio de Scarano.
En el estado Sucre, la alcaldía del municipio Mejía confirmó a través de un comunicado la detención del alcalde Jordán Sifuentes. Según la misiva, su captura ocurrió la tarde del viernes 2 de agosto cuando fue interceptado en su vehículo en la carretera nacional Anzoátegui-Sucre.
Previamente, el 30 de julio, sujetos no identificados también intentaron capturar al alcalde Sifuentes, cuando detuvieron su vehículo y lo llevaron hasta la sede de la GNB, pero el burgomaestre no se encontraba en el carro.
Euclides Colón, quien era funcionario de la alcaldía, es el actual alcalde encargado.
En el estado Cojedes fue arrestado el alcalde de Tinaquillo, Fernando Feo, el pasado 4 de agosto. Feo es militante de Acción Democrática.
Asimismo, el 1° de agosto, funcionarios de seguridad intentaron detener al alcalde del municipio Sucre, en el estado Portuguesa, Jóbito Villegas, pero la comunidad impidió que se efectuara ese procedimiento. El mandatario sigue ejerciendo sus funciones.
El exilio tras la persecución
En el estado Lara, la persecución y el amedrentamiento por parte de la administración de Nicolás Maduro contra el alcalde del municipio Torres, Javier Oropeza, lo llevaron a un exilio forzoso.
A él, entre otros supuestos delitos, lo acusan de omisión y lo responsabilizan por los diferentes hechos violentos registrados en Carora en los días posteriores a los comicios. Los directores de la alcaldía y dos concejales de la fracción opositora de la Cámara Municipal de Torres también están siendo acusados, por lo que todo su gabinete de gobierno está resguardado.
Oropeza contó que una vez que se supo de estas falsas acusaciones, debió guarecerse hasta salir del país. Mientras esto sucedía, su vivienda y otras de sus propiedades fueron allanadas.
Además, el pasado 8 de agosto comentó que fue detenido el director de gobierno abierto, Endrick Medina, cuando estaba saliendo del Palacio Municipal.
En medio de la ausencia temporal, Javier Oropeza nombró a la licenciada Iraida Timaure como alcaldesa encargada del municipio, y para poder darle curso al decreto, este debía ser publicado en la Gaceta Oficial, cuya oficina se rige por el Concejo Municipal, el cual es de mayoría oficialista. Este órgano no hizo la publicación del decreto, por lo que el contencioso administrativo admitió el amparo a favor de ellos (bancada oficialista), y en menos de los 15 días reglamentarios nombraron a Lasmit Verde como alcaldesa encargada.
Otro alcalde que fue víctima de hostigamiento, persecución y un intento de detención el 28 de junio, el cual fue impedido por sus votantes, fue Franco Gerratana, representante del municipio Ortiz del estado Guárico. Desde el 3 de julio tiene una orden de aprehensión que no ha sido ejecutada. Actualmente se desconoce su paradero. Un concejal del Psuv, Alí Matute, es el actual alcalde encargado.
Alcaldes bajo perfil
En Táchira la persecución política inició semanas antes de la contienda del 28 de julio, luego que un grupo de alcaldes opositores sostuvieron un encuentro en la ciudad de Caracas con Edmundo González, a quien le expresaron su apoyo para la contienda presidencial. Sin embargo, ese respaldo no se materializó, pues uno de ellos, Yonnhy Liscano, alcalde del municipio Ayacucho, a quien acusan de supuestos casos de corrupción, fue privado de libertad el 20 de junio cuando se movilizaba con su esposa y su cuñada en una camioneta de regreso a su jurisdicción.
Igualmente, a las pocas horas de la detención de Liscano, fue dictada una orden de captura contra Rigoberto Ovallos, alcalde municipio Antonio Rómulo Costa, por presunto “peculado doloso propio y evasión de licitación”, motivo por el que Ovallos huyó, al parecer, hacia territorio colombiano.
Esta situación generó temor en el resto de alcaldes tachirenses que habían prometido apoyar a Edmundo González, por lo que el 28 de julio la gran mayoría de las autoridades municipales no estuvieron en sus localidades, muchos de ellos cruzaron la frontera y esperaron a que pasara la contienda por temor a represalias.
Desde entonces, los alcaldes opositores en Táchira se han mostrado bajo perfil y no volvieron a presentar denuncias sobre la crisis presupuestaria, así como de los servicios públicos que afectan a sus municipios.
Cabe destacar que el pasado viernes 11 de octubre, el alcalde Yonnhy Liscano, quien se encuentra recluido en la División Contra la Delincuencia Organizada (DCDO), fue trasladado hasta el Hospital del Seguro Social de San Cristóbal, debido a que habría presentado un dolor precordial y cefalea.
Asimismo, Liscano cumplió años tras las rejas el lunes 14 de octubre y a través de las redes sociales, fue público y notorio las muestras de afecto por parte de sus familiares, trabajadores de la alcaldía y comerciantes del municipio, quienes esperan por su pronta libertad.
Inhabilitaciones
En los meses previos a las elecciones presidenciales del 28 de julio, al menos, 12 alcaldes opositores fueron inhabilitados por la Contraloría General.
La medida les permite continuar en sus cargos hasta 2025. Después, no podrán ejercer cargos públicos por un tiempo determinado.
Los primeros dos casos ocurrieron el pasado mes de abril, con la inhabilitación de los alcaldes mirandinos José Fernández López (Los Salias) y Elías Sayegh (El Hatillo).
Luego, en el mes de junio, ocho mandatarios locales del estado Trujillo y dos de Nueva Esparta, se enteraron que habían sido sancionados por 15 años por el organismo encargado de velar por el buen uso de los fondos públicos.
La ONG Acceso a la Justicia indicó en una publicación en su página web que varios de los sancionados con la inhabilitación política aseguraron que se enteraron de la medida en su contra por la web del Consejo Nacional Electoral (CNE) y no porque hubieran sido notificados por la Contraloría.
Los alcaldes inhabilitados en Trujillo son: Heriberto Materán Tapia, municipio Motatán; José Leocadio Carrillo, municipio Urdaneta; Dilcia Rojas de Oviedo, municipio Campo Elías; Keiver Peña, municipio Sucre; Servando Godoy, municipio Márquez Cañizales; Wilmer Delgado, municipio Monte Carmelo; Yohanthi Domínguez, municipio Carache; y Francisco Aguilar, municipio Andrés Bello. En el caso de Nueva Esparta, la medida va dirigida contra Iraima Vásquez, municipio Tubores; y José María Fermín, municipio Villalba.
A seis días de los comicios presidenciales, el 22 de julio, los alcaldes trujillanos Rojas, Delgado, Materán, Aguilar y Godoy se declararon “independientes” y manifestaron su apoyo a Nicolás Maduro.
Destituciones
Tras una visita de la líder opositora, María Corina Machado, al estado Delta Amacuro, dos concejales opositores de Tucupita fueron destituidos por la mayoría oficialista de la Cámara Municipal el pasado 20 de junio. Los concejales Lenin Ortiz y Orelys Jaimez denunciaron que se les impidió ingresar a la legislatura.
En otro hecho, el 7 de agosto fue detenida la concejal del municipio Freites en el estado Anzoátegui, Beatriz Andrade. El 12 de agosto fue privada de libertad durante la audiencia telemática de presentación ante el Tribunal Tercero con competencia en Terrorismo de Caracas.
Asimismo, una semana antes de la detención de Andrade, el fiscal general Tarek William Saab había anunciado una orden de captura contra otro concejal del municipio Freites, José Franco Salazar, por la presunta comisión de los delitos de incitación al odio, asociación y terrorismo.
Se conoció que otros dos concejales en Puerto La Cruz, Roger Millán y Antonio Acosta, permanecen en resguardo.
Tácticas del chavismo
Para el abogado y consultor político, Andrés Silva, estas detenciones carecen de transparencia. A su criterio, con estas estrategias el Gobierno nacional pretende mostrar que están “fuertes, unidos y preparados” para llegar al 10 de enero de 2025.
Sin embargo, opinó que el Ejecutivo está poniendo los cimientos para un nuevo aislamiento internacional.
“A la hora de que llegue el 10 de enero y los gobiernos tengan que marcar una postura sobre reconocer o no el Gobierno de Venezuela, a medida de que estas detenciones sigan aumentando, a medida que siga habiendo esta gran ausencia de transparencia en todos los procesos que está llevando a cabo el Gobierno en los procesos de detenciones, en el proceso electoral (…) Es decir, todo lo que ellos están haciendo, a pesar de anunciarlo, lo están haciendo con la máxima opacidad y eso lo que va a lograr es que los gobiernos de la comunidad internacional vean cada vez más difícil, ni siquiera mostrar apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, sino van a ver cada vez más difícil tomar una postura de neutralidad (…) Estos gobiernos van a tener que optar por su propia supervivencia política, por desconocer al gobierno de Maduro o de seguir insistiendo en que haya mayor transparencia en los procesos”, explicó el abogado y consultor político.
Consideró que estas acciones por parte de la administración de Nicolás Maduro buscan desmotivar a los ciudadanos venezolanos sobre participar activamente en los procesos electorales venideros. Tal es el caso de las elecciones regionales, municipales y legislativas previstas para el próximo año. Además, se pretende aumentar el miedo y la paranoia que sienten algunos venezolanos en medio de la coyuntura política actual.
“El venezolano lo que está viendo es que si ya de por sí al ser electo un alcalde, gobernador, diputado o concejal, existe una infinidad de trabas para ejercer la función pública, al punto que hoy en día los alcaldes parecen más unos conserjes que alcaldes, porque las únicas competencias que se les está dejando llevar en paz son la gestión cultural y de áreas verdes, lo que pasa es que los venezolanos van a decir: ‘Así yo defienda mi voto y así mi alcalde salga electo, lo que puede pasar es que de aquí a dos años este deje de ser mi alcalde y lo metan preso, y me pongan uno nuevo y se siga este ciclo”, señaló Silva.
Afirmó que actualmente el país se mantiene en una calma “sumamente tensa”, que se multiplicó con el adelanto de la Navidad, pero donde paralelamente los venezolanos en su día a día también han observado un incremento de la presencia de cuerpos policiales y de seguridad en las calles.