La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) exigió este sábado que se respete la soberanía popular expresada en la elección presidencial del 28 de julio.
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A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, la PUD recordó que todo el país y la comunidad internacional sabe lo que ocurrió ese día, con la victoria de Edmundo González por amplio margen. Además, mencionó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) todavía no ha publicado las actas de escrutinio.
Asimismo, señalaron que el presidente del CNE, Elvis Amoroso, no ha cumplido con su promesa de entregar a cada candidato un “CD contentivo del detallado de las actas que soportarían el boletín número 1, así como la publicación en la página web del detallado de resultado por mesa”.
Por otro lado, la Plataforma Unitaria Democrática agradeció el contenido del comunicado conjunto de los gobiernos de Brasil, Colombia y México, en el que exigieron una verificación imparcial de los resultados y se respete la soberanía popular.
Este es el comunicado de la Plataforma Unitaria Democrática
Todos los venezolanos y el mundo democrático que nos observa imparcialmente, sabemos lo que ocurrió el pasado 28 de julio, Edmundo González Urrutia ganó ampliamente la elección presidencial.
Sin embargo, el CNE no ha emitido aún resultados conformes con la Constitución y la Ley. La totalización y la consecuente proclamación del ganador en las elecciones presidenciales tienen que basarse en los resultados obtenidos en cada mesa de votación sustentados, a su vez, en actas de escrutinio que estén a disposición de los candidatos participantes (Art. 120 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales-LOPRE).
Además, el proceso electoral tiene que estar rodeado de auditorías posteriores que han sido interrumpidas por parte del CNE sin justificación alguna y que forman parte del cronograma electoral como elementos insustituibles de las garantías que el ente electoral debe darle a todos los participantes.
Es importante reiterar que corresponde al Poder Electoral garantizar la transparencia y confiabilidad de los procesos electorales (Art. 293 de la Constitución), por lo que es inaceptable que se cercene el procedimiento en curso ante el CNE para colocar bajo el manto de la opacidad unos pretendidos resultados no auditados ni desagregados por mesa electoral. La Sala Electoral del TSJ está llamada a controlar jurisdiccionalmente las decisiones adoptadas por el CNE, previa interposición de los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico, pero nunca puede ser instrumentalizada para impedir que el CNE cumpla con etapas fundamentales del proceso electoral, ligadas a la auditabilidad de los resultados electorales. De allí nuestra exigencia de que, volviendo la causa al ámbito natural del que nunca debió salir, se produzca una totalización apoyada en actas a las que las partes puedan tener acceso, para efectuar las comprobaciones o contrastes respectivos, con base en los ejemplares que obtuvieron, de acuerdo con la ley, los testigos de organizaciones políticas postulantes (Art. 337 del Reglamento General de la LOPRE).
Reconocemos la ardua labor de los testigos de mesa, quienes a pesar de los obstáculos, pudieron recolectar las actas de votación en más de un 80%. Cabe destacar, que el mismo Presidente del CNE se comprometió públicamente en su anuncio del día 28/07 que en las próximas horas entregaría a cada candidato el CD contentivo del detallado de actas que soportarían el boletín número 1, así como a la publicación en la página web del CNE del detallado de resultado por mesa. A 13 días del anuncio de resultados, ninguno de estos compromisos se han cumplido.
Conservar y resguardar los ejemplares o copias de las actas de escrutinio que recibieron los testigos en las mesas de votación es un derecho irrefutable para cada candidato, y con ello Edmundo González Urrutia ha probado su incuestionable triunfo en los comicios presidenciales.
Se intenta crear un “procedimiento” ante el TSJ para generar una vía para “certificar” resultados emitidos a partir de actas inexistentes y/o secretas, y sin desagregar resultados por mesa, y para privar a los participantes de las copias de actas deescrutinio, únicas pruebas que tienen y que garantizan la transparencia del proceso electoral. En un Estado de Derecho, el Poder Judicial debe ser garantista de los
derechos de las personas frente al abuso de Poder, no un mecanismo que se emplee a fin de menoscabarlos aún más.
En ese sentido, agradecemos el contenido del Comunicado conjunto de los gobiernos de Brasil, Colombia y México, donde se pronuncian por una verificación imparcial de los resultados donde se respete la soberanía popular. En la misma dirección se han pronunciado los países democráticos del mundo.
En estos momentos, es muy oportuno recordar la última parte del Artículo 5 de nuestra Constitución: “Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.