Saturados los venezolanos de violencia, abuso de la fuerza del Estado, competencia electoral nada ética, derroche de recursos económicos supuestamente inexistentes por unas sanciones, cobardes ataques a simples ciudadanos que se arrojaron a la acción política legítima, entre otros anormales comportamientos, definitivamente aquellos ya tomaron su decisión.
Valdría la pena destacar, durante la vida democrática de la República, si efectivamente es la primera vez que la lucha política no se centra en conseguir cargos, tajadas o cambures. No se sabe desde cuándo o si es primera vez, que la lista de prioridades de una población frente a un evento electoral y para inducir a un cambio, no comienza exclusivamente con las expectativas de alcanzar recursos económicos, el acceso a bienes o servicios por una necesidad real o sentida y nada más.
La petición hoy es sentirse confiados y tranquilos de estar en su país. Una petición de merecer tranquilidad en su hogar y la vida que se decida tener (por supuesto respetando las normas básicas de vida en sociedad), que permita disfrutar con su familia y el entorno. Esta construcción es la que ha permitido conformar la fuerza que se tiene.
Siendo esta la realidad y anhelos más elevados, es magnífico el momento, la atención máxima. En todos los ambientes institucionales, empresariales, gremiales, laboran venezolanos con el mismo deseo profundo: que esta “puesta en escena”, esta etapa en la historia de Venezuela llegue a su fin. Es por esta razón, que en un acto trascendental incluso para el bienestar de todos, las instituciones del Estado serán provistas de la razón.
Los funcionarios públicos en todos los niveles, lo harán por el cambio inminente, porque están obligados a asegurar la integridad de la Constitución y finalmente, por lo que indica el Artículo 25 del texto constitucional: “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”.
@abrahamsequeda