El G7 destacó en su comunicado final en Apulia, Italia, las estrategias de Maduro para bloquear un retorno a la democracia en Venezuela. Maduro utiliza la persecución política y la falta de transparencia electoral como herramientas, además de amenazar con reactivar el conflicto territorial con Guyana. A pesar de su capacidad para incumplir acuerdos, su dependencia a ingresos petroleros lo mantiene en una posición débil frente a las sanciones y las negociaciones internacionales.
La dictadura de Maduro utiliza como armas la persecución contra la oposición y la falta de garantías en la elección, descritas como “poco compromiso en el cumplimiento del Acuerdo de Barbados” firmado en octubre de 2023, además de la falta de transparencia, que se demuestra al no permitir observación internacional de la Unión Europea.
Asimismo, desde el G7 volvieron a delimitar como una línea roja la intención de reavivar, fuera de los canales de arbitraje diplomáticos, el conflicto por el territorio Esequibo con Guyana.
Maduro ha demostrado tener capacidad para incumplir acuerdos y patear la mesa como una víctima para volver a sentarse indefinidamente.
El acuerdo es una suerte de puente que le da una voz en el ámbito internacional siendo un régimen paria.
Su punto débil es la necesidad de volver a tener ingresos por parte de la misma industria petrolera que llevaron a la ruina. Sus niveles de corrupción hicieron que esta pasara a ser tan improductiva que allí tienen el principal motivo para no levantarse de la mesa.
Al matar a la gallina de los huevos de oro firmaron su sentencia a negociar y verse entre la espada y la pared de una elección presidencial donde un completo desconocido, hasta hace un par de meses, como Edmundo González dobla en popularidad al dictador con nada más que recibir el respaldo de la líder de la oposición María Corina Machado.
¿Qué los ata a un acuerdo?
Una economía monopolística que ellos mismos dejaron en “cuatro bloques”.
Lo que el 17 de abril se conoció como una “restauración de sanciones” para acuerdos con la industria petrolera tiene tantos matices que técnicamente el Departamento del Tesoro de EE.UU. administra los permisos de explotación en Venezuela.
El régimen de Nicolás Maduro está en una situación de vulnerabilidad de tal calibre que para poder negociar no dice: “produzco petróleo”.
Él, en cambio, acepta depender de licencias especiales de explotación para por lo menos mantener acuerdos con transnacionales que sí pueden dar algo a las arcas del cadáver de Petroleros de Venezuela (PDVSA).
Y ahí su empeño en el levantamiento de sanciones: quieren volver a hacer dinero y disfrutar de este en el mercado natural de Venezuela, los EE.UU. y Europa. Luego de alejarse de estos para acercarse a los lejanos bloques antioccidentales y hacer diplomacia con la petrochequera en desmedro del presupuesto nacional.
Ahora el régimen se ve amagando indirectamente con la posibilidad de utilizar las sanciones contra sus nidos de corrupción como una excusa para ir contra la realización de elecciones.
Recordemos, ojalá que para el anecdotario, que un diputado en la Asamblea Nacional chavista solicitó hace dos semanas la cancelación de las elecciones hasta que las sanciones se levanten.
Paradójicamente, la improductividad del régimen socialista y antiimperialista ha causado que en Venezuela haya una dependencia hacia EE.UU. nunca antes vista, ni siquiera en el momento en el que las primeras transnacionales llegaron a hacer acuerdos al descubrirse el petróleo.
La OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) alegó que la “reinstauración” de sanciones fue debida al incumplimiento del Acuerdo de Barbados. No obstante, los 45 días que se dieron al finalizar el 31 de mayo terminaron siendo de facto una ventana de oportunidad para varias empresas con acuerdos con PDVSA.
Sanciones ligeras
Una de las cosas más interesantes del comunicado del G7 fue cómo se anunciaron toda suerte de sanciones para Rusia, Corea del Norte e Irán. Sin embargo, en el caso del régimen de Venezuela -aliado de aquel bloque- no se le hizo referencia para sanciones.
La OFAC ha dejado la puerta abierta para que las personas que buscan participar en transacciones previamente cubiertas por la GL44 soliciten licencias específicas, y las aprobaciones han sido expeditas.
Esto podría permitir a las transnacionales que hayan adquirido recientemente acciones en empresas mixtas (siempre con capital accionario mayoritario para PDVSA) continuar sus operaciones con una licencia a la medida.
Además, las licencias que cubren las operaciones de Chevron (llamada GL41) y las que mantienen actividades esenciales de varias otras empresas, llamadas GL8M, se mantienen.
Si bien estas licencias no permiten aumentar capacidades, sí permiten a los inversores cumplir con los compromisos financieros.
Estos márgenes le permiten a Maduro seguir haciendo transacciones. Su mayor temor e incógnita (he ahí el principal motivo que llevó al régimen a adelantar por seis meses las elecciones) sería verlo en una mesa con una nueva administración de Donald Trump en diciembre, en la cual estarían en una posición de debilidad que no quisieran exponer delante de quien puede ser más duro con ellos en una negociación.
**Andrés Segovia Moreno es un periodista con experiencia de corresponsal internacional e investigador académico radicado en la ciudad de Washington DC. Fue coordinador regional del partido Vente Venezuela en el estado Trujillo y ha dirigido iniciativas sociales en su natal Valera.