Con mal pie. Así parece haber iniciado 2024 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Al menos ese es el sabor de boca que dejan las estadísticas del propio juzgado, las cuales revelan que su productividad en el primer trimestre del año fue menor a la registrada en el mismo período del año anterior.
Entre enero y marzo pasado, las salas del organismo rector del Poder Judicial dictaron un total de 574 decisiones (este número incluye no solo las sentencias resolutorias y definitivas, sino también las interlocutorias y actos de mero trámite), siendo este porcentaje de producción un 37,06 % inferior al del primer trimestre de 2023, cuando el TSJ aseguró haber emitido 912 decisiones.
Estos datos no son acordes a las promesas de la presidenta del TSJ, magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez, quien en el pasado acto de apertura judicial garantizó que la instancia continuaría con la implementación de medidas que han permitido agilizar los procesos judiciales, para así desempeñar «una férrea defensa de la igualdad de los derechos, la justicia social, los derechos humanos, la paz».
Comenzando tarde y sin explicación
La caída en la productividad que registró el TSJ en el primer trimestre no debería sorprender, pues varias de sus salas comenzaron a dictar sentencias días e incluso semanas después de celebrado el acto que marca el inicio de las actividades judiciales, el cual tuvo lugar el pasado 31 de enero.
Así, la Sala de Casación Social dictó su primer fallo el 22 de febrero y la Electoral lo hizo 6 días después. Sin embargo, la situación más llamativa es la de la Sala Político Administrativa, que tras anunciar el 26 de enero nueve fallos relacionados con inhabilitaciones impuestas a opositores y disidentes del oficialismo, no dio señales de vida sino hasta el 4 de abril.
Las sentencias con las que se ratificaron las sanciones de inhabilitación política que les impiden postularse a cualquier elección, entre otros, a la candidata unitaria María Corina Machado y al exgobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, fueron emitidas por una Sala Habilitada. ¿Qué significa esto? No se sabe, porque dicha figura no está prevista en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), que solamente prevé la figura de las salas especiales, las cuales se pueden crear para ayudar a descongestionar instancias que tengan más de 100 causas pendientes.
Otro dato curioso es que la Sala Político Administrativa tiene una instancia de esta naturaleza desde 2023 y fue prorrogada en diciembre pasado, según figura en la resolución n.º 2023-0072 del 18 de diciembre de la Sala Plena . No obstante, hasta ahora este despacho, integrado por los magistrados Malaquías Gil, Eulalia Coromoto Guerrero y el recientemente incorporado Jaime Báez, no ha emitido un solo pronunciamiento en lo que va de 2024.
Por un cambio de silla
La parálisis en la que permaneció por casi 3 meses la Sala Político Administrativa pudo tener su origen en los cambios que sufrió en su conformación.
Desde finales de enero se desconocía si la magistrada Bárbara César Siero, quien para el momento había sido reelegida como vicepresidenta de la instancia, continuaba en su despacho. Los rumores de su salida comenzaron a producirse luego de que se conociera que a finales de diciembre dos de sus hermanos (el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero y el mayor Guillermo Henry César Siero) fueron detenidos por su presunta vinculación con las tramas conspirativas que las autoridades aseguran haber neutralizado entre mayo y diciembre del año pasado.
La ausencia de César del acto de apertura judicial reavivó los rumores sobre su retiro, los cuales apenas fueron despejados oficialmente por la Sala Político Administrativa en su sentencia n.º 001 del 4 de abril de 2024, en la cual se lee lo siguiente:
«Mediante auto de fecha 3 de abril de 2024, se dejó constancia que el fecha 17 de enero de ese mismo año, se eligió la Junta Directiva de este máximo tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, asimismo el 13 de marzo del presente año se incorpora el magistrado suplente Emilio Ramos González por la falta absoluta de la magistrada Bárbara Gabriela César Siero, quedando integrada esta Sala Político Administrativa de la forma siguiente: Presidente, magistrado Malaquías Gil Rodríguez; vicepresidente, magistrado Juan Carlos Hidalgo Pandares y el magistrado Suplente Emilio Ramos González».
Estas escuetas líneas anunciando la salida de César del máximo juzgado, al cual llegó en 2014, se han repetido en otras decisiones de esa Sala.
No obstante, hasta el momento se desconoce si la abogada renunció, se jubiló, o si incurrió en alguno de los otros supuestos que prevé la legislación venezolana para considerar que un cargo queda vacante de manera absoluta. Si la salida de Bárbara César no es temporal, la Asamblea Nacional (AN) debería designar a una nueva magistrada o magistrado (artículo 47 de la LOTSJ).
Adicionalmente, debe destacarse que se convocó al segundo magistrado de la lista de suplentes, Emilio Ramos, cuando debía ser nombrada la primera magistrada suplente, Eulalia Guerrero, conforme al artículo 48 de la LOTSJ.
La máxima intérprete de la Constitución también va lenta
La Sala Constitucional, que tradicionalmente es una de las que más causas recibe y decide, también ha mostrado un lento desempeño en 2024. Por ejemplo, en marzo solamente emitió tres sentencias, y de ellas dos fueron fallos en los que avaló el carácter orgánico que la AN dio a dos leyes aprobadas (Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad y la polémica Ley Orgánica para La Defensa de la Guayana Esequiba).
En su tercera decisión resolvió motu proprio revisar un fallo que la Sala de Casación Penal dictó en relación con el caso de seis guardias nacionales acusados de amotinarse en enero de 2019.
La Sala Constitucional también perdió recientemente a otro miembro: su expresidenta, la magistrada Gladys Gutiérrez, quien ha sido designada embajadora en España y se desconoce si su salida será definitiva o si el TSJ volverá a recurrir a la cuestionada figura de la comisión de servicio, con la cual ha permitido que algunos de sus miembros asuman otros cargos como el de embajadores o incluso rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Mientras la Sala Constitucional ha tenido un inicio muy lento en 2024, la Sala de Casación Civil revolvió 169 casos en los primeros 3 meses del año. En algunos de ellos ha sentado criterios que contribuyen a adaptar la justicia a los nuevos tiempos. Así avaló la convocatoria a las asambleas de accionistas por correo electrónico y admitió un poder otorgado en Estados Unidos debidamente apostillado, pero que fue impugnado por no estar traducido al español, por lo que se le permitió al otorgante ratificarlo en una audiencia celebrada por videollamada.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
Las primeras estadísticas del año revelan que la productividad del TSJ lejos de mejorar continúa cayendo, lo que pone en tela de juicio el mandato previsto en el artículo 26 constitucional que ordena al Estado a garantizar a sus ciudadanos «una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles».
Los datos también refuerzan las dudas sobre la efectividad y eficacia de las medidas que las autoridades judiciales han implementado en los últimos meses para supuestamente acercar la justicia a la ciudadanía y combatir el retardo procesal, unas reservas que ya expusimos públicamente semanas atrás.