«¿Dónde está Rocío San Miguel?», se preguntaba ayer la sociedad civil venezolana en medio del carnaval tras conocerse la desaparición forzada de la activista de derechos humanos. La presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional permanece en paradero desde que agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) la capturasen el viernes pasado junto a su hija en el aeropuerto internacional de Maiquetía cuando se disponía a salir de viaje.
DANIEL LOZANO || EL MUNDO
«Rocío San Miguel sigue desaparecida, no sabemos su paradero. Hemos visitado varios sitios de reclusión y ninguno da una respuesta definitiva. Hemos presentado un recurso de habeas corpus«, informó ayer el abogado defensor Juan González Tuagarico desde el acceso al siniestro Helicoide, sede de la policía política del chavismo, después de visitar sin éxito otros presidios y comisarías.
Con la detención ilegal de San Miguel, destacada personalidad de la sociedad civil que cuenta con doble nacionalidad, son cuatro las presas políticas españolas que permanecen en las mazmorras de Nicolás Maduro. Se trata de María Auxiliadora Delgado Tabosky, encarcelada desde hace cinco años de forma injusta por ser hermana de un oficial militar al que se acusa de conspiración; Ángela Expósito, condenada por el atentado de los drones contra Maduro de 2018 y Karen Hernández, acusada de formar parte de la Operación Gedeón, el fracasado desembarco de militares rebeldes de 2020.
«Lo que ha dicho el fiscal no soluciona absolutamente nada, porque no aclara qué órgano policial la detuvo, ni a la orden de qué tribunal está ni tampoco que fiscal dirige la investigación», advirtió González, quien añadió que también han perdido el contacto con Miranda San Miguel, hija de la activista, que fue la primera en advertir de la acción de los agentes revolucionarios. También han desaparecido el ex marido de San Miguel y padre de Miranda, además de dos hermanos y otro familiar. Naciones Unidas ha denunciado en reiteradas ocasiones el patrón que sigue la revolución en contra de las familiares de presos, especialmente los militares, que son hostigados, perseguidos e incluso encarcelados, como en el caso de la española Delgado.
La única información oficial conocida la suministró el domingo el fiscal de Maduro, Tarek William Saab, quien a través de sus redes sociales aseguró que San Miguel está presuntamente vinculada a la «trama conspirativa e intento de magnicidio denominado Brazalete Blanco», una de las cinco supuestas conspiraciones contra Maduro denunciadas por la revolución como justificación para emprender la última embestida contra opositores, sindicalistas y ONG.
Además de San Miguel, tres jefes regionales (Juan Freites, Luis Camacaro y Guillermo López) de su campaña electoral y de su partido, Vente Venezuela, y el líder de los maestros, Víctor Venegas, están detenidos desde hace 20 días acusados de participar en las mismas conspiraciones.
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