El periodista guyanés Travis Chase fue blanco de disparos en su residencia de Georgetown, según denunció este martes la Asociación de Prensa de Guyana (GPA, en inglés), que exigió a las autoridades “una investigación exhaustiva” de lo sucedido.
Chase contó a la Policía que al llegar a su residencia a eso de las 19:05 hora local (23:05 GMT) del lunes, un desconocido comenzó a dispararle.
Un oficial fuera de servicio fue testigo del ataque y persiguió al sospechoso, pero no logró detenerlo.
Chase salió ileso del tiroteo pero, al revisar su automóvil, comprobó que este tenía tres impactos de bala de calibre 9 milímetros.
“Oren para que seamos rescatados de la gente malvada”, escribió el periodista en un mensaje en su cuenta de Facebook.
La GPA informó que ha notificado de este suceso a sus homólogos internacionales y regionales y pidió a las “autoridades que actúen rápidamente para llevar a los autores ante la Justicia”.
“Los periodistas deben trabajar sin amenazas a sus vidas”, aseguró el gremio periodístico en su comunicado.
Esta no es la primera vez que Chase es blanco de un ataque. En junio de 2020, su vehículo fue incendiado y nadie fue detenido ni acusado por ello.
El pasado noviembre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reveló que los periodistas de Guyana, así como los de Jamaica y Surinam, fueron víctimas de actos de violencia y restricciones a la hora de obtener información oficial de interés público durante 2023.
En Guyana, las periodistas sufrieron acoso en redes sociales, intimidación e insultos directos, una violencia que suele provenir de políticos oficiales y opositores, según el informe.
La SIP puso como ejemplo una rueda de prensa del presidente Irfaan Ali en la que los periodistas fueron obligados a sentarse entre seguidores de su partido y fueron intimidados verbalmente al hacer preguntas sobre temas sensibles.
Además, Nazima Raghubir, presidenta de la GPA, fue acosada tanto en los medios controlados por el Estado como en páginas de Facebook.
Los periodistas de la mayoría de los países anglocaribeños denuncian que las leyes de acceso a la información son insuficientes e ineficientes.
EFE