El miércoles 8 de noviembre se completó la audiencia convocada por la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) para escuchar los argumentos del Estado venezolano, la Fiscalía y Oficina de Defensa para las Víctimas en base a los alegatos hechos por la administración de Nicolás Maduro para suspender la investigación por crímenes de lesa humanidad en el país.
Por Luisa Quintero / talcualdigital.com
El uso de la retórica política por parte de la administración Maduro, una táctica usada en otros espacios internacionales no rindió los frutos que esperaban las autoridades, señalan los abogados Mario D’ Andrea, Thairi Moya y Calixto Ávila, ante unos hechos que responden a la falta de investigación y procedimientos nacionales para investigar supuestos crímenes de lesa humanidad y sancionar a los responsables.
Mario D’ Andrea, director de Civilis Derechos Humanos, asegura que el uso de la retórica en estos espacios no políticos demuestra las pocas capacidades de respuesta del Estado venezolano, además de evidenciar y exponer que las investigaciones de justicia no son genuinas.
Calixto Ávila, representante de la ONG Provea en Europa, asegura que el Estado venezolano acudió a la estrategia de hacer ver la investigación por crímenes de lesa humanidad como un proceso esencialmente político, donde se alegó una amenaza continua sobre la administración Maduro por parte de varios países como Estados Unidos o el Grupo de Lima, al que se aludió para mostrar el retiro de Argentina de la petición de 2018 sobre un examen preliminar.
Sobre esto último, señala que la estrategia de tratar de descalificar la investigación por haber sido remitida por Estados «es muy peligrosa. Si los jueces aceptan en la apelación los argumentos venezolanos para reversar o revisar la investigación, significa que las revisiones de los Estados estarían sometidas al mismo tratamiento político».
También considera que la presencia del canciller Yván Gil, que apenas culminó su declaración se retiró de la sala, abre dos puertas: la descalificación de estos procesos por vía política y la descalificación del propio expediente porque se abrió un examen a motu propio y tras la remisión de varios Estados parte.
Ávila insiste que se está frente a un Estado que conoce sus limitaciones, pero aprovecha la retórica política para construir solidaridades automáticas con otros países que están en posiciones similares en espacios internacionales como la Organización de Naciones Unidas.
Pone como ejemplo las descalificaciones y votos en contra en lugares como el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Cedaw), las evaluaciones a la Misión de Determinación de Hechos o el mismo Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el máximo órgano rector en esa materia.
También comenta sobre el uso de lenguaje descalificatorio en los debates en la Corte. «Es preocupante que no solo sea de funcionarios del Estado sino de los mismos abogados, pero no deja de ser parte de su forma de ejercer (…) El señalamiento a las víctimas, de que no dejar de ser solo sentimientos, es parte de esa retórica. No renuncia a su estrategia de descalificar a instancias internacionales, ya sea la ONU o la propia Corte Penal».
Las cifras en la CPI
Como no son genuinas las investigaciones, señala el abogado Mario D’ Andrea, el uso de datos seleccionados expone a la administración Maduro aún más. «El hecho de que la mayoría de los casos que remitieron traducidos no estén investigados o no se hayan llegado a conclusiones, los expone».
Calixto Ávila destaca que también existe una estrategia permanente de llenar de información a la Corte, en algunos casos no pertinente como el largo debate en torno a los «ficheros» o «resúmenes» del Ministerio Público, que fueron obviados como elemento de investigación por la Sala de Cuestiones Preliminares que lleva la situación venezolana.
Además, están las cifras propiamente duras. Según el abogado defensor Aitor Martínez, existen 124 incidentes reconocidos por el Estado venezolano hasta este punto. De ellos, 113 están en fase de investigación donde se individualizaron a 166 funcionarios públicos; tres en fase intermedia, con acusación formal; tres en fase de juicio; y cinco culminaron con condenas a 14 funcionarios públicos.
Los oficiales condenados, que son 15 (aunque no se explicó el origen del último), van desde oficiales de Policía a sargentos de la Guardia Nacional, que son de rangos medios o bajos según las propias leyes venezolanas. Dentro de los funcionarios acusados o en juicio, 18 son comisarios, tres tenientes coroneles, siete tenientes, un mayor, seis capitanes y un sargento.
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