Hasta un 60 % del paupérrimo salario que perciben, beneficios adquiridos y el escalafón que han logrado en décadas, pudieran perder docentes estadales y municipales del estado Táchira, en casode que el gobierno de Freddy Bernal traslade las nóminas de los maestros al Ministerio de Educación.
Luz Dary Depablos // corresponsalía lapatilla.com
Ildemaro Useche, representante del gremio de Maestros en Táchira, explicó que la metodología del ingreso de las nóminas de profesores estadales y municipales al Ministerio de Educación (ME), establece que los docentes deben pasar más de un año como contratados, y luego al ingresar comenzarían en la categoría 1.
Es decir, un docente que tenga categoría 6 “perdería el beneficio, porque solo van a ser considerado los años de servicio para su antigüedad, pero no va a ser calculado para los beneficios salariales”, indicó Useche.
Pidió al gobernador chavista Freddy Bernal consultar a los docentes este “cambio de patrono”, tal como lo contempla la Ley Orgánica del Trabajo, pues de lo contrario se estarían violando más derechos a los profesores.
“No cometan el error, que ocurrió en el estado Bolívar, en Sucre y en Nueva Esparta, donde no se consultó a los docentes y debieron devolver las nóminas, porque los maestros perdieron beneficios y de paso no les pagaron las quincenas durante más de dos meses que se intentó mantener ese proceso”, expresó.
Igualmente, Ingrid Porras, otra representante de la Federación de Maestros en la entidad, alertó a los educadores sobre “la implementación sin consulta” de la distribución territorial “de mini zonas educativas” en los 29 municipios del Táchira.
La profesora Porras enfatizó que “es una forma de agresión a los docentes, prácticamente, porque no van a querer dejarlos que ellos tengan libre albedrío, si no va a ser un acoso en la parte social que ellos no puedan ir a determinado medio a denunciar, y si denuncian van a ser amedrantados como ya lo estamos viendo”.
También señaló que la Zona Educativa hizo un llamado a la Coalición Sindical del gremio de maestros, en la que habría ordenado “un ejecútese”, que ya se está analizando la forma en cada municipio, donde los representantes podrían ser hasta los alcaldes.
Indicó que pudiese ser beneficioso para los docentes que viven en municipios retirados, porque se les facilitaría la entrega de documentos, lo cual consideran positivo. Sin embargo, no descartan que al igual que la Zona Educativa, los casos queden archivados.
Acotó que los docentes, donde ya han recibido la notificación por parte de la ZE, no están bien informados sobre esta modalidad, que estiman poner en vigencia a partir del próximo año escolar.
“No es el Ministerio de Educación, es el Gobierno que hace todas estas componendas para que los docentes no puedan defender sus derechos”. El mayor temor por parte de las autoridades de este gremio es que la ZE termine contratando bachilleres para dar clases, lo que sería otro duro golpe para la educación en Venezuela.
Por otra parte, Makle García, representante del gremio de docentes, exigió que se les garantice el derecho a la salud. Denunció que al menos 225 docentes que han dedicado su ejercicio a la docencia por más de 20 años, que fueron jubilados desde septiembre de 2022, siguen esperando el pago de las prestaciones sociales, entre ellos 8 casos de profesores con patologías crónicas y en graves condiciones de salud.