El país africano se enfrenta a un grave dilema tras la orden de arresto dictada por la Corte Penal Internacional contra el líder ruso.
Por larazon.es
Sudáfrica vive su propio dilema desde que la Corte Penal Internacional emitió el pasado mes de marzo una orden de arresto contra Vladimir Putin. Este mes de agosto se celebrará en el país africano la cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y, en palabras del portavoz del presidente Cyril Ramaphosa, “se espera que todos los jefes de Estado acudan a la cumbre”.
El problema yace en el conflicto de intereses que afectan ahora a Sudáfrica: en primer lugar, pertenece a la lista de países que reconocen la CPI y debería cumplir con la orden de arresto emitida; por otro lado, Ramaphosa y sus antecesores han mostrado en repetidas veces su amistad hacia Vladimir Putin, incluso después del inicio de la invasión de Ucrania.
En términos estrictos, Sudáfrica debería arrestar a Putin en el momento en que ponga un primer pie en suelo sudafricano, so pena de enfrentarse a una crisis diplomática con sus socios occidentales y dejar a la Corte Penal Internacional en una mala posición. El Gobierno sudafricano no ha negado su disyuntiva, mientras asegura estar buscando “alternativas” que permitan la celebración de la cumbre sin mayores complicaciones. Cabe a recordar que Sudáfrica es uno de los muchos países africanos que no han condenado la invasión de Ucrania, mientras que el partido de gobierno desde la victoria de Nelson Mandela en las urnas, el Congreso Nacional Africano, mantiene una serie de vínculos históricos con Rusia y la antigua Unión Soviética debido a la ayuda que les fue prestada durante su ascenso en los años de la Guerra Fría.
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