Los maestros venezolanos cumplieron dos meses de protesta por el pago de ínfimos salarios, el 9 de marzo pasado, sin saber siquiera cómo se gastan los recursos que permitan atender a sus reclamos. Y probablemente no lo sabrán.
Por Olgalinda Pimentel / CrónicaUno
Desde hace más de seis años, el Estado venezolano no enseña sus cuentas ni su inversión anual en educación. No lo reporta en organismos nacionales ni internacionales. “Es un agujero negro que nadie conoce”, señalaron docentes y académicos. Y las pocas cifras disponibles, a lo largo de casi una década, les da la razón. A pesar de la opacidad de los datos oficiales.
La inversión supone dedicar recursos para obtener beneficios a partir del modelo constitucional deseado y está definida a largo plazo: la enseñanza es obligatoria durante 17 años, al menos, desde el nivel maternal hasta la educación media o secundaria. Su finalidad es garantizar las generaciones del futuro, con docentes formados, escuelas y diseños curriculares. Pero es una actividad que no cumple cabalmente el Estado.
De hacerse, recuperar este nivel de educación, en su justa dimensión, requeriría al menos de unos 74.000 millones de dólares, de acuerdo con los cálculos.
Para leer la nota completa, aquí