Esta frase del filósofo Emmanuel Kant en Sobre la paz perpetua (1795) pone de relieve que sin Estado de derecho no hay democracia. Peor aún, ni siquiera hay mínimamente Estado. No hay seguridad; es, a la manera de Hobbes, una guerra de todos contra todos. Se imponen la violencia y el caos. Se trata de la indispensable necesidad del derecho y de la instauración de un orden jurídico que asegure la convivencia en sociedad, por el propio interés individual bien entendido y para que sean respetadas la dignidad humana y la libertad de las personas. Expresa una racionalidad política, independiente de la moralidad. “El problema del establecimiento del Estado tiene solución, incluso para un pueblo de demonios”. Así lo pensó Kant al vislumbrar con la revolución francesa la irrupción de un nuevo orden.
Según su hipótesis, “ordenar una muchedumbre de seres racionales que, para su conservación, exigen conjuntamente leyes universales, aun cuando cada uno tienda en su interior a eludir la ley, y establecer su constitución de modo tal que, aunque sus sentimientos particulares sean opuestos, los contengan mutuamente de manera que el resultado de su conducta pública sea el mismo que si no tuvieran tales malas inclinaciones”. Hasta individuos inmorales, sin solidaridad ni compasión, están dispuestos a someterse a las leyes y a mantener una conducta externa conforme a ellas con tal de asegurar sus vidas.
La ley suprema es la Constitución política. Y el primer y fundamental derecho humano que protege es el derecho a la vida, letra muerta para las autoridades espurias de la república bolivariana, convertida en farsa siniestra y trágica. Hace unos meses fueron publicados los escalofriantes informes de la OEA y de la Comisión Independiente de la ONU sobre violación sistemática de los derechos humanos y determinación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, el último de los cuales identifica, junto con los relatos de las víctimas, los nombres y apellidos desde el más alto rango en la cadena de mando de los responsables de torturas y tratos crueles e inhumanos contra disidentes o presos políticos civiles y militares.
En Venezuela la Carta Magna no solo es incumplida y reiteradamente pisoteada, sino que es interpretada de manera sesgada para adaptar las leyes a los intereses y fines particulares de una parcialidad política que domina las instituciones públicas, políticas, sociales y económicas. En este contexto, presenciamos en pleno desarrollo dos hechos catastróficos para el país. Ambos son escandalosos y una violación flagrante de mandatos constitucionales que exigen el respeto de las obligaciones de un Estado social de derecho y de justicia. Ambos destruyen el futuro de las nuevas generaciones.
El primero es el estado de abandono y ruina de los docentes y de las instalaciones en todos los niveles de la educación pública. Resuena el clamor en todas las regiones y solo hay oídos sordos de las autoridades del gobierno de facto ante las masivas manifestaciones lideradas por los gremios de maestros y profesores por salarios dignos y para reclamar las mínimas condiciones materiales, físicas, laborales y de infraestructura para ejercer una docencia de calidad. El segundo, el informe de varias agencias de la ONU, en especial la FAO, UNICEF, Programa Mundial de Alimentos, FIDA y Organización Panamericana de la Salud, publicado en Santiago de Chile en enero de 2023, según el cual cerca de seis millones quinientos mil venezolanos padecen de hambre crónica.
El estudio abarca de 2013 a 2021. “Venezuela tuvo la mayor prevalencia de subalimentación, 22,9%, que en cifras absolutas equivale a seis millones quinientas mil personas”. A ello se agrega que el éxodo fuera de las fronteras asciende a casi siete millones quinientas mil personas. En el país el 4,1% de los niños menores de 5 años sufre de desnutrición aguda. Entre 2000 y 2015 la prevalencia del bajo peso al nacer o insuficiencia ponderal aumentó un 6%. Algunos rubros no han sido medidos por falta de datos y estadísticas. La ENCOVI 2022 o encuesta de condiciones de vida en Venezuela ha revelado la gravedad de la crisis humanitaria compleja y la desigualdad creciente a pesar de una leve mejoría en algunos indicadores.
¿No es acaso un deber ético y una muestra de liderazgo responsable y de visión histórica a largo plazo anteponer las rencillas personales o partidistas y las descalificaciones recíprocas, la codicia por cuotas de poder, la apetencia de prebendas, la tentación por sobornos pecuniarios y la miopía política frente a la urgencia para que prevalezcan los valores más altos de la civilidad, la integridad, la solidaridad y la honradez y se imponga como un bien superior la unidad de propósitos contra una dictadura mafiosa e ilegítima en Venezuela?