Excongresista David Rivera cobró en secreto para mejorar imagen de Nicolás Maduro en EEUU

David Rivera, un republicano que se desempeñó en el Congreso federal entre 2011 y 2013. (FOTO: AP/Alan Díaz)

 

El ex congresista David Rivera, quien fue arrestado el lunes en Atlanta, actuó enérgicamente pero en secreto para tratar de contener la creciente hostilidad de la política estadounidense hacia el régimen de Nicolás Maduro, concertando citas con legisladores estadounidenses y funcionarios de la Casa Blanca y, en al menos una ocasión, viajando a Caracas para reunirse con el gobernante socialista, muestra la acusación judicial presentada en su contra. Rivera, quien obtuvo al menos 20 millones de dólares por sus esfuerzos, firmó un contrato con PDV USA para tratar de ocultar que se había comprometido con el régimen venezolano para actuar a su favor en los Estados Unidos, según la acusación. En papel, su relación era con la filial estadounidense de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, pero para quien realmente trabajaba era Maduro, resalta la acusación. Rivera es acusado de incumplir con las leyes estadounidenses que obligan a cualquier persona o compañía que representan intereses extranjeros a reportarlo a las autoridades. El ex congresista, quien por un tiempo ejerció gran influencia en la política de Miami, fue arrestado el lunes en Atlanta donde vivía.

Por Antonio María Delgado | El Nuevo Herald





El Miami Herald no pudo comunicarse con Rivera ni con su abogado el lunes por la noche, pero Associated Press informó que el Servicio de Alguaciles reportó que Rivera había salido de la cárcel esa tarde después de comparecer por primera vez en la corte federal de Atlanta. El martes, el abogado defensor de Rivera, Jeffrey Feldman, le dijo al Miami Herald que no quería comentar sobre los nuevos cargos que acusan a su cliente de ser un agente extranjero no registrado para Venezuela. “El propósito de la conspiración era que los acusados se enriquecieran ilegalmente participando en actividades políticas en los Estados Unidos en nombre del Gobierno de Venezuela y representando los intereses del Gobierno de Venezuela ante funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, en un esfuerzo por influir en la política exterior de los Estados Unidos hacia Venezuela”, resalta la acusación presentada contra Rivera y contra la consultora política Esther Nuhfer.

En el centro de la operación se encontraba el empresario venezolano Raúl Gorrín, quien servía de enlace entre Rivera y de Nuhfer con las autoridades del régimen venezolano. Según la acusación, fue la entonces canciller Delcy Rodríguez la que ordenó a la refinería Citgo que tramitara el contrato a través de PDV USA. Como parte de sus esfuerzos, Rivera y Nuhfer se reunieron en al menos dos ocasiones con el senador de Florida Marco Rubio, aunque éste solamente aparece en la acusación como el Senador 1. También tramitaron reuniones con un funcionario de la administración Trump, identificado solo como Asesor de la Casa Blanca 1, para tratar de propiciar un cambio en la política estadounidense hacia Venezuela. “El Asesor 1, Rivera y Nuhfer organizaron dos reuniones con el Senador 1. La primera de estas reuniones involucraron a Rivera y el Senador 1 en una residencia privada en Washington D.C. en la que Rivera le dijo al Senador 1 que Gorrín había convencido al presidente Maduro de aceptar un acuerdo a través del cual él sostendría elecciones justas y libres en Venezuela”, señala la acusación.

“La segunda reunión se llevó a cabo en un hotel en Washington, D.C. e involucró a Rivera, Nurfer, Senator 1, individuo extranjero 1 (Gorrín), político venezolano 2 (por teléfono) y otros, durante la cual se discutieron asuntos relacionados con Venezuela”, agregó el documento. A mediados de julio de 2017, Gorrín informó que Maduro se había negado a aceptar la celebración de elecciones libres a cambio de establecer una reconciliación con Estados Unidos, pero luego el gobernante chavista aparentemente cambió de opinión y dijo estar dispuesto a considerarlo a cambio de levantar las sanciones impuestas contra su familia. El contrato firmado entre PDV USA y la compañía de relaciones públicas de Rivera y Nuhfer, Interamerican Consulting, contemplaba cinco pagos de 5 millones de dólares cada uno y un pago final de 25 millones para un total de 50 millones de dólares.

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