De repente desapareció la versión original del monumento de María LIonza, bajo la natural custodia de su propietaria, la Universidad Central de Venezuela. Un amigo refiere que nadie puede hurtar un elefante, sin que se den cuenta los payasos. De modo que la captura y traslado del pesado monumento supuso toda una operación de manos expertas que muy posiblemente contó con el respaldo del propio Estado.
Cualquiera puede sugerir la comisión de un delito, previsto y sancionado en el Código Penal. Que sepamos, la Fiscalía no ha abierto procedimiento alguno en tal sentido y, mucho menos, fijado las responsabilidades de quienes arbitrariamente inauguraron una plaza en el estado Yaracuy para albergarla.
Lo peor sería que esas responsabilidades penales recayesen sobre las autoridades universitarias, porque se dejaron sustraer la pieza, algo absurdo. Por ello, el Instituto de Patrimonio Cultual (IPC) dicta medidas administrativas de protección u conservación, arguyendo dos décadas de abandono, y raptándosela a la universidad al declararla Monumento Nacional. No reparan en la evidentísima circunstancia de que se le ha negado el presupuesto necesario a la casa de estudios para cuidar de la obra, por lo que sería más serio y acertado apuntar a los responsables de las finanzas públicas, cosa que no harán, por supuesto.
Suponiéndolo más antiguo, lo curioso, por una parte, es que el culto a María LIonza es de principios del siglo XX; y, por el otro, una dictadura de filosofía positivista, como la de Përez Jiménez, logró una versión exuberantemente sensual de la deidad femenina e indígena para que hiciese de pebetero a unos juegos deportivos, como bien pudo tomar otra figura o símbolo. En reciente nota, el profesor William Anseume ha abundado sobre todo en la significación y consecuencias culturales del trabajo escultórico de Alejandro Colina, calando profundamente María LIonza en nuestra identidad.
Ha acaecido un hecho político imposible de soslayar, es la única y más granítica verdad: el régimen hace lo que le da perfectamente la gana con los bienes y las personas del país al que ha sojuzgado ferozmente, por lo que se permite favores a las sectas que los diligencian y, a la vez, ridiculizan a aquellos que les ha negado los recursos para mantener piezas de una importante trascendencia artística. Nadie responde por lo ocurrido al más alto nivel del Estado, y da ocasión también para meterse en el imaginario colectivo, moldeándolo según sus intereses. Un hecho simple y barato, pero político al fin y al caso.