A la luz de los recientes eventos en La Vega y las zonas aledañas, que han conmocionado al país, y en especial a los habitantes de su capital, Acceso a la Justicia considera importante presentar lo denunciado por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en su informe, publicado el pasado 16 de junio y presentado el 5 de julio ante el Consejo de Derechos Humanos, donde Michelle Bachelet expresó su alarma por la situación y exigió a las autoridades poner en marcha «una reforma integral de las políticas e instituciones de seguridad del Estado para evitar más violaciones a los derechos a la vida e integridad de la persona».
Con una tasa de 45 homicidios por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Venezuela cerró el año 2020 como el país más violento de América Latina. Sin embargo, no todas estas muertes se le pueden achacar a los delincuentes y bandas criminales que actúan en el país, pues muchas son responsabilidad de quienes precisamente están llamados a proteger a los ciudadanos: policías y militares.
La alta comisionada Michelle Bachelet resaltó en su informe los sucesos ocurridos en la parroquia caraqueña de La Vega en enero pasado, donde unos 650 agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) habrían sido enviados al sector en una operación para intentar desmantelar a la banda de «El Koki».
En el reporte se lee lo siguiente:
«Esta se conoce como la mayor operación de seguridad realizada durante el período que abarca el informe. En el transcurso de esta operación, según se reporta, habrían resultado muertos por la acción de las fuerzas policiales al menos 14 hombres jóvenes, entre los que había por lo menos dos adolescentes. Al igual que en operaciones de seguridad anteriores, algunas de las muertes habrían sido causadas por el uso selectivo de la fuerza letal por parte de la policía. Según lo reportado, algunas víctimas recibieron una o dos heridas de bala en el pecho, el abdomen o la cabeza, zonas vitales de probable mortalidad. Otras habrían fallecido por las heridas causadas por “balas perdidas” disparadas durante los enfrentamientos con pandillas armadas. No se informó de que ningún agente de policía hubiera resultado herido o muerto, lo que plantea dudas sobre la proporcionalidad de la fuerza empleada».
Pese a que saludó el anuncio del fiscal general impuesto por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, de que abriría una investigación para determinar si hubo alguna actuación irregular por parte de los agentes, tal y como lo sostienen vecinos y activistas de derechos humanos, Bachelet afirmó que seis meses después no hay noticia del avance de las averiguaciones. «En el momento de la redacción de este informe no se habían realizado detenciones», también resaltó.
Michelle Bachelet no solo indicó que los cuerpos policiales venezolanos continúan cometiendo ejecuciones extrajudiciales, sino también otros delitos gravísimos como desapariciones forzadas y torturas.
«En nueve casos documentados por el ACNUDH, las personas fueron sometidas a desapariciones forzadas, durante las cuales se las mantuvo incomunicadas y las autoridades se negaron a compartir su paradero con sus defensas o sus familiares. Estas prácticas exponen a las personas detenidas a un mayor riesgo de sufrir malos tratos».
Bachelet puso como ejemplo el caso de Antonio Sequea Torres, quien fue detenido en mayo de 2020 por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y cuyo paradero todavía se desconoce.
Asimismo, la alta comisionada informó al Consejo de Derechos Humanos que su oficina continúa recibiendo «denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes».
Entre 2018 y 2019 se registraron en el país dos casos que dejaron en claro que la tortura es una práctica común en los cuerpos policiales venezolanos. El 5 de octubre de 2018 las autoridades anunciaron la muerte del concejal opositor Fernando Albán, quien se encontraba desde días antes detenido en la sede del Sebin. En un primer momento, funcionarios como el entonces ministro del Interior, Néstor Reverol Torres; y el fiscal Saab aseguraron que el también militante de Primero Justicia se suicidó; una versión rechazada por sus familiares y amigos, quienes denunciaron que el mismo habría muerto por las golpizas que habría recibido de parte de sus captores.
Este año las autoridades se desdijeron y admitieron que Albán habría muerto a manos de los funcionarios que lo tenían detenido.
En junio de 2019 se conoció de la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien estaba detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) por su presunta participación en un plan insurreccional. El oficial denunció ante el tribunal que lo presentaron que había sido torturado y llevado a un centro hospitalario, donde finalmente murió; pese a esto, en un primer momento a sus captores no se les aplicó la Ley contra la Tortura y hubo que esperar casi un año para que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anulara la acusación original y ordenara al Ministerio Público (MP) volver a presentarla.
Mirón de palo
Bachelet no solo criticó la labor del MP en el caso de los sucesos de La Vega, sino también la de la Comisión Nacional para la Prevención contra la Tortura, por cuanto en casi un año no ha tomado acción alguna para evitar que más ciudadanos sean objeto de tortura.
La Comisión Nacional para la Prevención contra la Tortura, fue creada por la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura aprobada en 2013. Es una instancia que está presidida por el defensor del pueblo, Alfredo Ruíz, y que debería diseñar planes para combatir esta violación tan grave contra los derechos humanos.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
Los cuerpos policiales venezolanos se han convertido en una amenaza para los ciudadanos, y esto se debe en buena medida a erradas decisiones adoptadas por el Gobierno venezolano desde hace varios años, en especial su militarización, lo que es inconstitucional y contrario a los derechos humanos.
Al igual que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, desde Acceso a la Justicia esperamos que la reforma policial anunciada por el Ejecutivo nacional permita reencauzar a los organismos de seguridad ciudadana por el camino correcto. Asimismo, es fundamental que el Ministerio Público tome medidas respecto a los responsables de los presuntos crímenes cometidos por funcionarios policiales.