Elvis Idrogo, integrante de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional oficialista, aseguró este martes 1° de junio que para el primer periodo parlamentario (finales de año) se tendrá la reforma al Código Penal del país y dijo que se perdió el «avance» que se tenía en esta materia luego tras cinco años de gestión del Poder Legislativo por parte de la oposición.
Idrogo afirmó que otros articulados dentro de la subcomisión liderada por Iris Varela como el Código Civil también tendrán unas «actualizaciones» y por ello es que se hacen consultas a la población y sectores que manejan la materia con el fin de buscar «cómo blindarla». Agregó que entre las propuestas está que hayan sumatorias de pena, eliminación de beneficios y que se incluyan los delitos por «terrorismo», elementos que no están previstos hasta ahora en el Código Penal.
En entrevista concedida a VTV, el legislador oficialista también afirmó que en esta normativa se trabaja para «engranar» con las observaciones del convenio de Roma e incluir elementos en materia de DDHH, al igual que se quiere «simplificar lo más posible la travesía» judicial de los privados de libertad para se minimicen las trabas en los tribunales.
Justificó la medida de reformar el Código Penal porque el «delincuente muta» y por ende las leyes deben hacer lo mismo e incluso «adelantarse». Lamentó que en las semanas flexibles existan tribunales que manifiesten que «no hay despacho», por lo que instó a los funcionarios que «si no pueden con el cargo» a dárselo a otras personas.
Resaltó que también se está en fase de consultas públicas para reformar la Ley Antidrogas en la que además de la población, se toma en cuenta la opinión de funcionarios de seguridad y de las instituciones que manejan químicos. En ese sentido, aseveró que de esta forma se aplica el «parlamentarismo de calle».
Afirmó que cifras oficiales de la ONU acreditan a Venezuela como el cuarto país en el mundo en incautaciones de droga y comentó que en estudios que se han hecho sobre Colombia, se determinó que las sustancias ilícitas estarían saliendo de las bases estadounidenses instaladas en el vecino país.
Por otro lado, recalcó que parte de lo que se quiere incluir en la Ley Antidrogas es el principio de que «el delincuente no tiene padrino», por lo que quien incumpla la normativa -sea alcalde, gobernador, diputado- va a ser investigado y sancionado. En ese sentido, subrayó que los bienes adquiridos como parte de esos ilícitos no pueden ser asignados a familiares de funcionarios, sino que deben ser liquidados por el Estado para recuperar dinero o asignarlo a programas sociales.