“Objetivo: desestabilizar al Gobierno nacional”. Esta frase categórica sobresale en un documento reservado, conocido en exclusiva por SEMANA, que advirtió en 2019 sobre “una estrategia para generar una crisis de gobernabilidad” en el país durante el mandato del presidente Iván Duque.
Desde entonces, según lo consignado en este informe secreto del Estado, había una proyección hacia lo que iba a ocurrir en 2022 y las elecciones presidenciales, pues se hablaba ya en esa época de la intención de asegurar el “posicionamiento de un candidato presidencial de izquierda”.
El documento también advertía varios hechos relevantes. Que la movilización social sería protagonista y habría un “aumento de actividades de bloqueo”, del accionar armado de las disidencias de las Farc y de las bandas criminales, así como un marcado “aumento de índice de violencia, con una baja probabilidad de acercamiento institucional”.
Llama la atención que hoy, dos años después de elaborado este informe, el país esté viviendo una crisis semejante a la que se alertó allí, casi que al pie de la letra, como si se tratara de una partitura.
En el documento se plantea igualmente la estrategia, en una especie de pirámide, cuya primera base advierte sobre “un potencial acumulado social influenciable”. Entre otros, se asegura que los campesinos y los sectores educativos, étnicos, juveniles, sindicales, carcelarios y ambientales son los más susceptibles de ser persuadidos por estas fuerzas debido a su condición de vulnerabilidad.
En el siguiente escalón de la pirámide aparecen los grupos armados. En ese entonces ya se hablaba de seis organizaciones de orden nacional y 17 de contexto regional afines al ELN, mientras que se identifican diez entidades de orden nacional y 27 de tipo regional afines a las disidencias de las Farc. Paralelamente, se pone de presente el primer objetivo: “La crisis de gobernabilidad”.
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