Soy vallecaucana y ver a Cali en llamas y sitiada por los violentos me ha producido un dolor inmenso. Me he sentido frente a una película de terror. ¿En qué momento ocurrió todo esto? ¿Cómo puede ser posible que, diez días después, las autoridades aún no logren el control absoluto del orden público y que los bloqueos persistan? Algo muy malo está pasando no solo en Cali, sino en Bogotá, Medellín y todo el país.
Voy a decirlo con claridad, sin adornos ni retórica: los violentos y los oportunistas tienen en jaque a Colombia. El país, poco a poco, ha sido arrastrado hacia un peligroso caos, que amenaza la democracia y pone a la nación al borde del abismo. Siento admiración y respeto por los jóvenes, especialmente por los más humildes, quienes, con mucho valor, decidieron reclamar sus derechos y exigir soluciones de fondo a los gobernantes. Sin embargo, una corriente violenta se ha aprovechado de ese movimiento social pacífico para tratar de imponerse por las armas y a las malas. No se equivoquen: las imágenes aterradoras que hemos visto en estos días no son fruto de la espontaneidad, sino que forman parte de un plan milimétricamente diseñado para arrodillar al país, someter las libertades y acceder al poder. Es inaudito que no veamos la triste realidad de algunos de nuestros vecinos, que ya recorrieron este traumático camino en el pasado. Como sociedad estamos yendo rumbo al matadero con los ojos vendados.
Nadie puede negar que hay razones muy válidas para que millones de colombianos estén inconformes. Con la pandemia, nos convertimos en un país aún más pobre. Hay hambre, desempleo, desconfianza en las instituciones y cada vez menos oportunidades. Para muchos, tener una empresa se convirtió en una pesadilla asfixiante en estas circunstancias. El futuro no se ve nada claro. El Gobierno, pese a sus esfuerzos, ha fallado, porque no ha sabido interpretar lo que está pasando en las calles, y realmente la gente se cansó de los debates y las promesas, y exige soluciones. La oposición más radical, por su parte, ha sido mezquina. En su afán de hundir a Iván Duque, se ha prestado para caldear los ánimos y generar un ambiente que solo les conviene a los violentos.
En esta crisis, ha quedado claro que Colombia tiene un problema de liderazgo, que hoy luce en decadencia, especialmente entre quienes aspiran a suceder a este Gobierno. Aún no surge quién defienda la democracia de manera contundente ante los peligros que la acechan. Las pocas voces que se escuchan aún son débiles y temerosas ante el aplastante matoneo de las redes sociales, y la moda de ser políticamente correctos está llevando a muchos a ser irrelevantes y a no advertir con claridad lo que está pasando. Por el contrario, cada día parecieran ganar más terreno los insensatos que solo se mueven por intereses particulares. Los agitadores, los que se nutren del caos, los que tiran la piedra y esconden la mano, los que tergiversan la información a su acomodo, todos esos se regocijan, mientras que un país silencioso es testigo de su momento más complejo en décadas. Hay que estar del lado de la gente, pero desde la institucionalidad, el orden y la ley.
Le hago un llamado al Gobierno para que actúe pronto, escuche las alertas y genere un diálogo nacional, pero con resultados concretos. Presidente Duque: tienda la mano, pero bajo ninguna circunstancia permita que los violentos gobiernen a través de las presiones, las amenazas y el miedo.
A los expresidentes, al partido de gobierno, el Centro Democrático, y a las demás colectividades, así como a los empresarios, les pido que actúen con generosidad y cordura. Hay que rodear la institucionalidad que tanto le ha costado construir a Colombia a lo largo de su historia. A Gustavo Petro le digo que el país espera su condena categórica frente al terrorismo urbano que azota al país, como todos los ciudadanos apegados a la legalidad deberíamos hacerlo. Ahora la inconformidad ciudadana puede beneficiarlo, pero, si se prolongan la violencia, el desabastecimiento, los bloqueos y la anarquía, él, que puntea en la intención de voto si las elecciones presidenciales fueran hoy, podría ser el primer perjudicado electoral de 2022. Al fin y al cabo, el Gobierno tiene fecha de vencimiento, pero las aspiraciones de Petro de llegar a la Casa de Nariño no. Senador, ya no más provocaciones ni mensajes insensatos. Usted tiene una responsabilidad muy grande como líder de millones de colombianos. El país está por encima de sus objetivos políticos. Si Petro insiste en una actitud terca e incendiaria, terminará por quedarse solo. A la comunidad internacional le digo que abra bien los ojos y no vea solo una cara de la moneda. Eso no solo es inconveniente, sino injusto.
En medio de la euforia de las manifestaciones y los reclamos legítimos de los más vulnerables, no podemos caer en la falacia de creer que el ejercicio de la autoridad y la seguridad son una amenaza para los colombianos. No, la verdadera amenaza es el terrorismo urbano financiado con dineros del narcotráfico y con tentáculos que quieren coronar el poder a la brava. No podemos ceder ni un milímetro en la estabilidad del orden público. Aquí no se trata de simples tirapiedras, sino de estructuras urbanas organizadas de las disidencias de las Farc, el ELN y otras bandas criminales, que tienen hoy la capacidad de aislar durante días a una ciudad como Cali de más de 2 millones de habitantes.
Si hay policías que han cometido abusos y crímenes, que paguen. También deberían caer todos los que han asesinado y agredido a la fuerza pública. Esos tienen que pagar, no hay excusa ideológica que valga. Todas las vidas importan igual, y por eso es necesario que esas investigaciones avancen lo más rápido posible. Lo que no puede permitirse es la salida fácil: generalizar, estigmatizar y confundir. Hoy creo que los uniformados necesitan apoyo moral, incluido el de los manifestantes que salen a protestar pacíficamente.
Todavía estamos a tiempo. Mandemos al carajo la fracasomanía, a los líderes tóxicos y mesiánicos, y a los que creen que todo en Colombia va mal y que solo ellos pueden ser los ‘salvadores’. La inmensa mayoría de los habitantes de este país es gente buena, honesta, trabajadora, que quiere salir adelante, que el país se reactive, que la vacunación se acelere, y a la que le asiste la razón cuando le exige al Gobierno que resuelva los problemas cuanto antes. De la violencia no sale nada bueno. Y una sociedad que ha sufrido tanto, ahora más que nunca, tiene que aferrarse a los principios democráticos, al diálogo y a la solución pacífica de sus diferencias para evitar que el país termine en el abismo. Ahí perderemos todos.
Vicky Dávila es la directora general de SEMANA
Este artículo se publicó originalmente en SEMANA el 8 de mayo de 2021