La titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Esperanza Collazos, ha incoado diligencias de investigación sobre el proceso de rescate a la aerolínea Plus Ultra a partir de una denuncia por un posible delito de malversación y/o de prevaricación en aquella decisión aprobada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales que presidía Bartolomé Lora, actual vicepresidente de la entidad.
Por: Isabel Vega // ABC
Tal y como ha adelantado El Español y ha confirmado ABC en fuentes jurídicas, las diligencias se han abierto a partir de una denuncia de Manos Limpias, cuyo presidente está siendo juzgado estos días en la Audiencia Nacional por la Operación Nelson, después de que en un primer intento de cuestionar en los tribunales el proceso de rescate el asunto fuese sobreseído.
De acuerdo a las mismas fuentes, Manos Limpias aportó los informes esgrimidos por la SEPI para defender la operación que supuso un desembolso de 53 millones de euros –con un préstamo participativo por valor de 34 millones y un préstamo ordinario de 19 millones– en favor de una aerolínea relacionada con el chavismo y que lleva en pérdidas prácticamente desde su constitución. Fue a partir de esos informes que se incoaron las diligencias previas.
Las diligencias se dirigen contra Lora y todo el consejo de administración que aprobó las ayudas, sin embargo, la instructora aún no ha acordado citaciones y ha empezado por requerir a la sociedad estatal el expediente completo que derivó en esa inyección económica que se sustenta en su carácter supuestamente «estratégico».
Esta no es la primera ofensiva judicial en los tribunales al hilo de la polémica ayuda a una empresa que sobre el papel, es española, pero que tiene la mitad de su capital en manos de venezolanos. Se trata de una aerolínea con dos aviones en alquiler, de dudosa solvencia y con solo cinco millones de patrimonio neto.
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