La histórica nevada que ha asolado Texas ha provocado el colapso de su sistema eléctrico durante casi una semana: apagones generalizados para varios millones de ciudadanos y precios estratosféricos para aquellos otros que tuviesen contratada una tarifa indexada al mercado mayorista (que en todo caso no eran ni mucho menos la mayoría). Siendo el de Texas uno de los mercados eléctricos más desregulados del país, muchos han aprovechado para culpar de todos estos desastres al libre mercado. Pero en realidad el problema de fondo es otro y va más allá de cuál es el marco institucional (Estado o mercado) a través del que se suministra la electricidad: el problema de fondo es cuánto estamos dispuestos a invertir para prevenir la ocurrencia de riesgos catastróficos y altamente improbables (un problema, por cierto, similar al de la inversión en prevención de pandemias).
Lo que ha fallado esencialmente en Texas es que la nevada ha inutilizado parte de sus centrales eléctricas, tanto las renovables como las no renovables, con la agravante de que las bajas temperaturas han disparado la demanda de calefacción y, por tanto, el gas (materia prima de la principal fuente de electricidad en el estado) se ha desviado de la generación eléctrica al suministro de gas. Esa ha sido la causa de fondo que ha provocado apagones (demanda muy superior a la oferta) y precios mayoristas disparados hasta el máximo permitido por la ley (9.000 dólares por MWh).
¿Cómo podría haberse evitado este desastre? Por un lado, contando con capacidad de generación eléctrica redundante: si el sistema eléctrico de Texas hubiese tenido muchísimas más centrales de las que necesita para abastecer habitualmente la demanda, incluso inutilizándose a causa de la nevada parte de las centrales, habría habido sobreoferta suficiente para mantener el suministro. Por otro, con inversiones que protejan el sistema eléctrico de las temperaturas extremas y le permitan seguir operando en esas condiciones.
Nótese que ambas opciones implican sobrecostes que, en última instancia, terminarían pagando los consumidores o, en caso contrario, los contribuyentes. En España, por ejemplo, uno de los componentes de nuestra factura eléctrica son los pagos por capacidad: es decir, los consumidores pagamos cada mes una pequeña suma de dinero para entregárselo a centrales que no nos prestan ningún servicio salvo el de estar ‘listas’ para generar electricidad si hay picos de demanda. Alternativamente, podríamos dejar de efectuar esos pagos, prescindir de las centrales ociosas y, cuando la demanda superara la oferta, dejar que los precios aumenten lo suficiente hasta restablecer el equilibrio (si el ajuste no se produce vía cantidades, por falta de sobrecapacidad, se produce vía sobreprecios).
En Texas, el gestor del sistema eléctrico mayoritario, el que aglutina al 90% de la población, optó por prescindir de tales pagos (es lo que se conoce como un modelo ‘solo energía’), de modo que los consumidores texanos han estado pagando durante años precios medios inferiores a aquellos que habrían abonado en caso de establecer pagos por capacidad. Pero la contrapartida de precios ordinariamente más bajos (por ahorrarse los pagos por capacidad o de preparación para temperaturas extremas) son pagos extraordinariamente mucho más altos que desempeñan la función de racionar la insuficiente oferta y estimular la inversión en sobrecapacidad sin necesidad de establecer pagos fijos por esa sobrecapacidad (en Texas, sin embargo, el precio máximo del mercado mayorista está limitado por ley, lo que también constriñe los incentivos a invertir en sobrecapacidad).
¿Es preferible un sistema eléctrico más caro pero más resiliente, o uno más barato y menos resiliente? La respuesta no es simple, porque todo sistema resiliente puede volverse aún más resiliente asumiendo costes mayores, de modo que en algún momento habrá que decir basta. Todo depende de cuál sea la aversión al riesgo de los ciudadanos: aquellos que sean neutrales ante el riesgo, podrían terminar escogiendo modelos con baja resiliencia si no superan estrictamente el análisis coste-beneficio (al igual que esos mismos ciudadanos preferirán no contratar un seguro para su hogar y afrontarán plenamente los riesgos). La cuestión, empero, es que la elección del nivel de resiliencia depende esencialmente de las preferencias de los ciudadanos, ya sea de los ciudadanos como consumidores o de los ciudadanos como votantes. Ni el mercado impide que los consumidores demanden electricidad de comercializadores que, a cambio de mayores precios, ofrezcan abundante sobrecapacidad (esto es, de comercializadores que tengan contratada mayor capacidad instalada de la que van a usar regularmente), ni el Estado garantiza que esa capacidad instalada exista (puesto que los votantes podrían escoger regulaciones que minimizaran el coste de la electricidad aun a costa de renunciar a la resiliencia del sistema).
Para poder hablar en este caso de un fallo del mercado, pues, o bien deberíamos mostrar que el mercado no ha suministrado un sistema eléctrico tan resiliente como el que demandaban los texanos o, alternativamente, que el mercado ha alimentado las preferencias cortoplacistas y no resilientes de los consumidores. Pero ni para lo uno ni para lo otro se han proporcionado argumentos convincentes: ni previo a 2021 hubo demandas generalizadas de consumidores mostrando su insatisfacción con el grado de resiliencia de su sistema eléctrico ni tampoco los grupos políticos en general promovieron, al margen del Estado, ninguna campaña entre la población por aumentar su grado de concienciación con la importancia de la resiliencia eléctrica ante una nevada histórica (de modo que si la falta de preferencias resilientes fuera un fallo del mercado, también lo sería, para Texas, del Estado).
Al final, pues, más que ante un fallo del mercado (o del Estado) parece que nos encontramos más bien ante una mala elección (que solo hemos podido calificar como mala ‘a posteriori’, porque antes de 2021 muchos fueron los que alabaron el modelo texano fuera de Texas) sobre la relación coste-resiliencia de su sistema eléctrico frente a un evento catastrófico y altamente improbable que, pese a su baja probabilidad, ha terminado ocurriendo.
Este artículo fue publicado originalmente en El Confidencial el 22 de febrero de 2021