Los defensores de los derechos humanos se preocupan por un posible recrudecimiento de las ejecuciones en Irak, pues la presidencia prometió escuchar a los iraquíes que exigen firmeza tras un sangriento atentado en Bagdad, que la semana pasada dejó 32 muertos.
Un responsable de la presidencia reafirmó el domingo que “mas de 340 órdenes de ejecución (…) por actos criminales o de terrorismo” han sido ratificadas aunque no aplicadas hasta entonces, lo que puede provocar en cualquier momento ahorcamientos en el país, uno de los que más aplican la pena capital en todo el mundo.
Estas ratificaciones fueron mayoritariamente hechas por presidentes anteriores, según este responsable que requirió el anonimato, pero “han seguido” bajo el mandato iniciado en 2018 por Barham Saleh, aunque a título personal éste se oponga a la pena de muerte.
Irak llevó a cabo en 2019 una de cada siete ejecuciones en el mundo –unos 100 condenados ahorcados en un año– y suele acelerar las penas capitales tras un atentado que haya conmocionado a la opinión pública
El exprimer ministro Haider al Abadi hizo ejecutar en junio de 2018 a 13 yihadistas y publicó por primera vez las fotos de su ahorcamiento, para acallar las críticas por su falta de firmeza tras el asesinato de ocho civiles por el grupo Estado islámico (EI).
– “Opciones limitadas” –
El atentado reivindicado por el EI causó 32 muertos el jueves en un mercado muy frecuentado de Bagdad, provocando una enorme conmoción en una población acostumbrada a una relativa tranquilidad desde la derrota militar a fines de 2017 en Irak de este grupo yihadista.
Desde el atentado, el presidente Saleh es acusado en las redes sociales de “no aplicar las sentencias” contra prisioneros yihadistas “que prometen asaltos en la prisiones”.
Irak, atrapado entre una opinión pública que exige venganza y los aparatos político, judicial y de seguridad incapaces de frenar la ola yihadista, “tiene opciones limitadas” explica a la AFP Ali Bayati, miembro de la Comisión gubernamental de derechos humanos.
“La pena de muerte es legal, y no tenemos centros de desradicalización, entonces algunos yihadistas transforman las prisiones en centros de reclutamiento” explica Bayati.
Además, “no tenemos garantías claras y transparentes en el proceso de investigación (…) y las organizaciones de derechos humanos no están autorizadas a desempeñar su papel”, agrega.
Para la Alta Comisionada de la ONU de derechos humanos, Michelle Bachelet, hay en Irak “frecuentes violaciones de los derechos a un proceso justo, una representación jurídica ineficaz (…) y numerosas acusaciones de tortura y malos tratos”.
Por tanto, la aplicación de la pena de muerte puede ser considerada en Irak como una “privación arbitraria de la vida por el Estado”, aseguró Bachelet a fines de 2020.
– ¿Calendario acelerado? –
La comunidad internacional llevó a cabo una campaña en noviembre de 2020 tras la ejecución de 21 condenados, casi todos por “terrorismo”, y cuando circulaban informaciones sobre un posible calendario acelerado de ejecuciones en Irak.
Ninguna ejecución ha sido señalada desde entonces pero no todas son anunciadas oficialmente.
En 2020, la AFP tuvo conocimiento de unas 30 ejecuciones. Irak es el cuarto país en ejecutar a más condenados, por detrás de China, Irán y Arabia Saudita, según Amnistía Internacional.
Desde hace varios años, los tribunales iraquíes han ordenado centenares de penas capitales y condenas a cadena perpetua, pues el Código penal prevé sentencias que pueden ir hasta la muerte para quienes se unen a un “grupo terrorista”, que hayan combatido o no en sus filas.
Hasta ahora, ninguno de los extranjeros del EI condenados a muerte han sido ahorcado, pero 11 franceses y un belga esperan actualmente su ejecución en Irak.
AFP