Un informe de la secretaría de la OEA denunció este miércoles la inexplicable “lentitud” del examen preliminar de la Corte Penal Internacional sobre las denuncias de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, afirmando que como consecuencia el gobierno de Nicolás Maduro se siente “envalentonado”.
“La lentitud del examen parece absolutamente indiferente a los crímenes generalizados, graves y devastadores que se están cometiendo”, indicó el abogado experto en derechos humanos Jared Genser, asesor especial de la OEA.
El informe, elaborado por el Asesor Especial sobre la Responsabilidad de Proteger de la OEA, Jared Genser, se basa en el informe del Panel de Expertos Independientes de la OEA de 2018, que recopiló una gran cantidad de evidencia con la cual se determinó que había razones para creer que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Desde entonces, los abusos han continuado y los presuntos delitos se han ampliado en escala y profundidad, afectando a millones de venezolanos. Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú remitieron la situación a la Corte Penal Internacional (CPI) de conformidad con el artículo 14 del Estatuto de Roma, solicitando a la Fiscalía que abra una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Asimismo, la conclusión de la Misión de Investigación de las Naciones Unidas en Venezuela fue que las violaciones de derechos “equivalían a crímenes de lesa humanidad”.
Sin embargo, la Fiscal de la CPI no ha abierto una investigación penal internacional, alentando al régimen a cometer más crímenes, en la creencia de que puede actuar con impunidad total.
En noviembre de este año, la fiscal del tribunal, Fatou Bensouda, recibió a una delegación del gobierno de Maduro compuesta por el fiscal de Maduro, Tarek William Saab, y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz.
Bensouda informó a la delegación que “existe una base razonable para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes que competen a la Corte”.
En este sentido, Jared Genser, explicó que “la fiscalía va a publicar una actualización sobre la situación de Venezuela, pero sabemos que no se ha abierto ninguna investigación, la situación actual sigue igual y no va a cambiar con base a lo que diga la fiscalía la próxima semana. Como resultado de los retrasos de la Fiscalía de la CPI, el régimen de Maduro se ha sentido envalentonado para cometer más delitos creyendo que puede actuar con total impunidad“.
“Nosotros instamos a la fiscalía a desplegar una misión en Venezuela, algo que Nicolás Maduro no puede negarse a aceptar. No se ve una solución rápida en la crisis, solo el enjuiciamiento de la cadena de mando podrá ayudar a que estos actores comiencen a evaluar su apoyo a Maduro. Nicolás Maduro y su régimen son los únicos responsables de la comisión de estos presuntos crímenes de lesa humanidad, son más de 18 mil ejecuciones extrajudiciales. Nuestra oficina ha hecho hincapie en que el examen preliminar de la CPI debe responder a los principios de imparcialidad”, exclamó Genser.
“La oficina de la fiscalía no ha dicho porque mucha información fidedigna no se utilizó. Existe una base razonable para pensar que hay crímenes de lesa humanidad”, agregó el asesor especial.
Antecedentes:
En su tercer informe sobre la situación en Venezuela, publicado el 19 de julio de 2017, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos señaló que existían “evidencias que apuntan al uso sistemático, táctico y estratégico del asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, como herramientas para aterrorizar al pueblo venezolano” que podrían constituir crímenes de lesa humanidad y debían ser llevados a la atención de la Corte Penal Internacional (CPI) para su posterior consideración.
El 29 de mayo de 2018, el Panel de Expertos Internacionales Independientes designado por el Secretario General de la OEA publicó un informe, basado en testimonios de testigos, testimonios de víctimas, familiares de víctimas y otras partes interesadas, y comunicaciones escritas de más de 40 organizaciones no gubernamentales y organizaciones intergubernamentales venezolanas e internacionales. El informe concluyó que “existen motivos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela” que se remontan -al menos- al 12 de febrero de 2014.
El 26 de septiembre de 2018, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú refirieron conjuntamente la situación en Venezuela a la Corte Penal Internacional para su investigación, de conformidad con el artículo 14 del Estatuto de Roma.
El 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la Resolución A/HRC/RES/42/25 estableciendo una misión investigadora independiente “para investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otras formas crueles, inhumanas o degradantes de tratamiento desde 2014, con miras a garantizar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.
El 16 de septiembre de 2020, la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU para la República Bolivariana de Venezuela publicó su informe, en el que encontró “motivos razonables para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, reafirmando las conclusiones del Informe de la OEA de 2018. La Misión de Investigación recomendó que son necesarias más investigaciones internacionales sobre los crímenes y violaciones de derechos humanos y que “la Fiscalía de la Corte Penal Internacional necesita tomar en consideración las necesidades de las víctimas de los crímenes investigados por la Misión y aquellos que estén bajo su consideración, para que se haga justicia oportunamente”.
Los “crímenes de lesa humanidad” están definidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma –que estableció la Corte Penal Internacional- como delitos cometidos “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
Venezuela firmó y ratificó el Estatuto de Roma y en consecuencia la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre los delitos cometidos en el territorio de Venezuela o por ciudadanos venezolanos desde el 1 de julio de 2002.
En abril de 2011, la Corte Penal Internacional y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos firmaron un Canje de Notas estableciendo un Acuerdo Marco de Cooperación enfocado en la promoción y difusión de principios y valores compartidos, así como el intercambio de información y documentos sobre asuntos de interés común.
El proceso de examen de la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela fue diseñado explícitamente para apoyar los acuerdos de cooperación existentes entre la Secretaría General de la OEA y la CPI y se lleva a cabo bajo la autoridad del Secretario General de la OEA.
Con información de OEA | AFP