La medida – al igual que las anteriores sanciones de corte parecido – atiende a la estrategia de acabar con el actual régimen de Nicolás Maduro.
El principal efecto de esta sanción es la afectación directa al sector transporte (tanto cargas, alimentos y pasajeros).
El 85% del transporte de carga, así como el 70% de la población de Venezuela, depende del diésel para movilizarse.
De igual manera, se afecta la generación de energía eléctrica. El diésel es usado como combustible principal de la plantas en varias zonas del territorio nacional, lo cual llevaría a que el país entero dependa del aporte de El Guri.
Asimismo, las plantas eléctricas de respaldo usadas en casi todas las clínicas privadas, y posiblemente en una cantidad importante de hospitales públicos del país funcionan con diésel.
Un tercer sector de alto riesgo lo conforma el suministro de gas. La interrupción del acceso a diésel impactaría el suministro de gas metano a los consumidores residenciales. Esta medida afectará el gas que usa el 7% de la población de las principales ciudades.
De igual forma se vería una caída en la producción de los líquidos de gas natural afectando la producción de propano, que es usado para las bombonas de gas. A la fecha, la producción local solo abastece el 25% del mercado.
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