Elevamos una alerta urgente sobre el deterioro acelerado de la situación en Venezuela. Mientras el mundo está atendiendo la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, el régimen de Nicolás Maduro aprovecha para aumentar el control social de la población, a pesar de que simultáneamente pierde el control de las bandas criminales que ellos mismos crearon, financiaron y armaron.
Postergar la resolución de la situación que atraviesa Venezuela es un error garrafal que conllevaría un altísimo costo en vidas para los venezolanos y en desestabilización para los demás países del hemisferio. Ha quedado demostrado que la tragedia humana que aquí vivimos, así como las dinámicas criminales que la provocaron, no pueden ser contenidas dentro de nuestras fronteras, y sus perpetradores no descansarán en su propósito de desestabilizar a las democracias de la región.
Por cada minuto que pasa, Venezuela profundiza dramáticamente su ya agobiante condición de Estado fallido: ausencia total de Estado de Derecho, pérdida incremental del control sobre el territorio y la imposibilidad absoluta de garantizar un mínimo de seguridad humana en cualquiera de sus dimensiones.
Nuestra nación atraviesa horas tan oscuras como peligrosas. El efecto acertado de las sanciones internacionales ha reducido las fuentes de financiamiento a las operaciones criminales de narcotráfico, contrabando de combustible y oro, lo cual ha exacerbado la lucha por el control territorial de las zonas donde se desarrollan estas actividades. En distintas zonas del país, bandas criminales se valen de los momentos de incertidumbre y de conmoción para consolidarse.
Estos grupos aprovechan al máximo las dificultades por las que atraviesa el régimen que otrora los incentivó y los protegió. Aunado a las profundas carencias de los venezolanos y a las vicisitudes acrecentadas por la pandemia y el confinamiento, toman ventaja de la descomposición del régimen para someter a la población civil, para desafiar su autoridad y asumirse como tal en sus respectivas zonas. En medio de una carrera armamentista entre bandas, se desarrolla una demencial guerra a muerte por la expansión de sus territorios, con el consecuente riesgo a la vida de miles de ciudadanos inocentes.
En el caso de las áreas urbanas, como Caracas, estamos viendo una batalla campal en varias zonas populares. En Petare, uno de los barrios más grandes de Latinoamérica, con más de medio millón de habitantes y cientos de barriadas, desde finales de abril los ciudadanos viven en absoluta zozobra por el enfrentamiento entre bandas delictivas que han tomado el control de la zona ante la ausencia de gobierno y con unas fuerzas represoras del régimen que se han visto sobrepasadas en su intento de frenar a estos grupos, trayendo como resultado la profundización de las violaciones a los derechos humanos al caer inocentes en estas operaciones. Esta dinámica se repite en otras ciudades de Venezuela, donde dichos grupos operan a sus anchas.
Mientras el régimen hace creer que puede contener a estas bandas, genera el efecto contrario, porque éstas saben que el mismo no posee las herramientas para frenarlas, no sólo porque por años les permitieron actuar sin límite, sino porque las fuerzas del régimen hoy no representan una amenaza para ellas. Más grave aún, los colectivos armados (grupos paramilitares creados por el régimen con fines de represión política) han comenzado a asociarse con sectores militares para hacerse del contrabando de combustible, ampliar sus zonas de control y, en el camino, aterrorizar y matar ciudadanos que hoy protestan en las calles por el hambre y la falta de servicios.
Durante años, el régimen ha permitido que nuestro territorio se vaya fragmentando progresivamente, en zonas bajo el control de distintos grupos criminales dedicados a actividades ilícitas, incluyendo paramilitares y terroristas extranjeros. Ahora este régimen experimenta la pérdida del monopolio del terror que por años se propuso instaurar.
Simultáneamente, las Fuerzas Armadas se están desmembrando y con ello corremos el riesgo de terminar de perder a la principal institución llamada a recuperar la soberanía nacional, profundamente desfigurada por el régimen criminal. Con el incentivo de mejores beneficios y mayor capacidad operativa, estamos presenciando la migración de nuestros efectivos militares hacia los grupos disruptivos para terminar conformando una red de ejércitos sin comando centralizado, mezclando elementos militares, capos criminales, paramilitares y grupos foráneos de terroristas y traficantes.
Hoy hacemos un llamado a la acción urgente de la comunidad internacional. La atención de la pandemia no puede ocultar la realidad de que en Venezuela se vive bajo fuego cruzado. Lo que hoy vemos en Petare podría extenderse a todo el país, con graves consecuencias para la región. Los gobiernos democráticos de las Américas deben finalmente internalizar lo que significa tener un Estado fallido y criminal de las proporciones de Venezuela en el corazón del continente.
Invocamos nuevamente el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), y al principio suscrito por la Organización de las Naciones Unidas de Responsabilidad para Proteger (R2P). A la Asamblea Nacional de Venezuela, le reiteramos la urgencia de la aprobación del artículo 187 numeral 11 constitucional, como señal inequívoca de que los venezolanos estamos dispuestos a hacer nuestra parte. En este contexto, es indispensable una operación de paz multifacética, la cual no debe necesariamente estar bajo la égida de una de una sola organización. Existen experiencias en las que se han constituido coaliciones de organizaciones y países aliados que han sido exitosas.
Los Estados miembros del TIAR cuentan con la legitimidad para actuar con la urgencia que este caso amerita y articular los aspectos de seguridad, control del territorio y desarme en una operación de paz, que podría contar con la OEA, la ONU y el resto del Sistema Interamericano para lo concerniente a salud, alimentación, reconstrucción de la infraestructura, vigilancia de los derechos humanos, asesoría y observación electoral. Los venezolanos hemos apelado y seguiremos apelando a todos los medios de lucha para rescatar nuestra soberanía, nuestra libertad y el Estado de Derecho.
Muchas veces en la historia, la comunidad internacional ha llegado tarde a estos escenarios de masivo terror. Venezuela se acerca aceleradamente a una situación de fragmentación total de su territorio, de su soberanía e incluso de su identidad cultural como nación.
No permitamos que ocurra esta vez.