Las detenciones e imputaciones penales que están realizando los cuerpos de seguridad del Estado basándose en el decreto de Emergencia Nacional, emitido por el gobierno de Nicolás Maduro el 13 de marzo y prorrogado por 30 días adicionales el 13 de abril, contravienen las disposiciones legales y evidencian que se está avanzando hacia la criminalización de las personas que puedan portar el nuevo coronavirus o difundir información u omitirla sobre el mismo, acciones que estarían siendo utilizadas con fines políticos para atacar a la disidencia política.
Por Tal Cual
Así se desprende de un informe elaborado por el Centro de DDHH de la Universidad Metropolitana (Unimet) conjuntamente con el Observatorio de Bioética y Derecho de esa casa de estudios, titulado Reflexiones sobre la criminalización en el contexto de las pandemias, especial énfasis en la situación de Venezuela, que asegura que las acciones penales emprendidas contra personas que han participado en reuniones o actividades grupales durante la cuarentena atentan contra los DDHHs, ya que se les está tratando penalmente frente a hechos que no están contemplados como delitos en el marco jurídico venezolano.
“La aplicación del decreto presidencial ha evidenciado, una vez más, el quiebre del Estado Constitucional de Derecho y violaciones graves de derechos humanos. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana ha contabilizado, al 13 de abril de 2020, al menos 28 casos de detenciones arbitrarias, amenazas o actos de intimidación en el contexto del estado de alarma, lo cual ha levantado nuestra alerta, así como decisiones del poder ejecutivo municipal y del Ministerio Público”, expresa el documento, firmado por las abogadas y docentes Andrea Santacruz Salazar, Jefa del Departamento de Estudios Jurídicos y Jefa (e) del Departamento de Estudios Internacionales de la Unimet; y Angélica Calzadilla Rodríguez, directora (e) de la Escuela de Derecho y directora del Observatorio de Bioética y Derecho, de la misma universidad.