No ha habido autoproclamación ni tampoco golpe. Desalojar a un usurpador del poder nunca puede ser ilegal ni ilegítimo.
Tengo en mi pantalla una lista con cientos de artículos de la prensa internacional sobre Venezuela. Allí están nombres muy reconocidos: CNN, France24, APNews, Reuters, BBC, Deutsche Welle y otros. Los más respetados en Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania y otras naciones europeas. La lista me fue proporcionada por diplomáticos del gobierno interino de Juan Guaidó en Washington. Me informan que la lógica utilizada para su confección es cómo reportan sobre la crisis política venezolana. El criterio ha sido que todos ellos se refieren al Presidente (encargado) como «autoproclamado».
Suscríbase gratis a nuestro boletín diario
Ingrese su cuenta de email
Suscríbase
Están los links, clic y a la nota. Selecciono aleatoriamente. Compruebo, en efecto, que se refieren a Guaidó como «el presidente autoproclamado». El lector puede hacer una búsqueda en Google con cualquiera de dichos medios y las palabras «Guaidó» y «autoproclamado». Obtendrá los mismos resultados.
Tuve la lista conmigo, un archivo Excel, por varias semanas. Ni siquiera la había mirado pero decidí hacerlo ahora por los sucesos de esta semana, el levantamiento, asonada o rebelión cívico-militar del martes último. Hecho que se puede llamar de muchas maneras excepto una: golpe. Y, sin embargo, así fue como buena parte de la prensa se refirió a dichos eventos, la misma prensa que previamente llamó a Guaidó «presidente autoproclamado».
Y aquí estoy yo, razonando de atrás para adelante. Trato de arribar aquí a una sucinta definición de golpe de Estado. Diría algo así: «golpe es la toma del poder de modo repentino y por lo general violento (si bien innumerables golpes han ocurrido sin un solo tiro), que viola la legitimidad institucional vigente en un Estado, o sea, infringe las normas legales de sucesión del poder público».
Ocurre que si Juan Guaidó es un presidente «autoproclamado», su intento de desalojar a Nicolás Maduro del Poder Ejecutivo solo puede ser un «golpe». El problema de esta lógica es que Maduro termina siendo el gobernante legítimo. Tamaño sinsentido no necesariamente sorprende: es que con premisas falsas es improbable arribar a conclusiones válidas. De ahí que lo de autoproclamado sea intelectualmente frágil y políticamente tóxico.
Y se trata de la prensa respetable, no es la propaganda de Granma ni Telesur, pero que igual le resulta muy útil al régimen chavista, pues le otorga una cierta legitimidad. La pregunta es por qué. O sea, porque no se han molestado en analizar la lógica constitucional de la juramentación de Guaidó en la presidencia interina, tampoco el proceso político y legal por el cual Maduro es considerado usurpador del poder.
Tampoco parecen haberse preguntado acerca de las razones por las cuales sus propios gobiernos —de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania y casi sesenta democracias más— han reconocido a Guaidó como autoridad legítima. Y no es que tengan que repetir lo que dicen sus gobiernos, pues la prensa es libre e independiente, pero si la vasta mayoría de las democracias del planeta han desconocido a Maduro, la prensa democrática, precisamente, debería tomar nota de ello y hacer mejor la tarea.
Aquí les ayudo. Es que la posición de las democracias no es accidental ni frívola, dichos gobiernos sí que hicieron los deberes. El 10 de enero de 2019 concluyó el período presidencial de Nicolás Maduro iniciado en 2013. La presidencia quedó vacante en virtud de que las elecciones del 20 de mayo de 2018 fueron ilegales e ilegítimas. Y además fraudulentas, según denuncia de Smartmatic, empresa que procesó los datos de muchas elecciones en el país y que probó que los resultados oficiales no se correspondían con la realidad. Fueron inflados, el vencedor real había sido la abstención.
Con base en estos hechos, el Legislativo venezolano y el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, ambos cuerpos elegidos de acuerdo con la letra constitucional, declararon la nulidad de dichas elecciones. Lo propio hizo la mayoría de las naciones democráticas, justamente, así como también la Organización de los Estados Americanos (OEA). La Asamblea General de la OEA, su órgano máximo, emitió una resolución el 5 de junio de 2018 desconociendo dicha elección.
Ante el vacío institucional, el artículo 233 de la Constitución de Venezuela obliga a la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, a asumir funciones del Ejecutivo de manera interina en la figura del presidente del cuerpo, el diputado Juan Guaidó, hoy presidente encargado. Y de ahí el reconocimiento internacional a su autoridad.
En síntesis, no ha habido autoproclamación ni tampoco golpe. Desalojar a un usurpador del poder nunca puede ser ilegal ni ilegítimo. Concluyo por el comienzo, por el título de esta columna. Sea por pereza intelectual o sea intencional, en definitiva así se desinforma, se divulgan «fake news». Y ello casi siempre termina siendo beneficioso para una dictadura. La complicidad en política puede ocurrir por acción tanto como por omisión.
Héctor Schamis es un académico argentino. Actualmente es profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Georgetown. Autor de varios libros y articulista de opinión en diferentes medios. Síguelo en @hectorschamis.