La gran superstición política de las monarquías del pasado fue el derecho divino de los reyes. La gran superstición política del presente en los países donde las calamidades sociales están a la orden del día, es el derecho divino de los pocos individuos que conforman “el gobierno” sobre el resto de los individuos que vendrían ser algo así como sus súbditos. Los santos óleos parecen haber pasado inadvertidamente de la cabeza de uno (el monarca) a la de muchos (el presidente y su séquito), santificándolos a ellos y también a sus decretos. A este dogma, a esta delictiva presunción la llaman convenientemente Derecho de autodeterminación de los pueblos, que parece ser la excusa perfecta para desacreditar las justas reclamaciones sobre tan deleznable proceder, sobre todo cuando estas reclamaciones vienen desde el exterior, pero seamos sinceros y objetivos, un delito es un delito, y su esencia no se ve afectada por la nacionalidad del denunciante ni por la negación de quién lo comete.
Es muy frecuente, incluso en los llamados “tiempos modernos” y específicamente en los países al margen del desarrollo, que se desvirtúe el problema crucial de la libertad y la propiedad. El asunto no es tanto si la propiedad debe ser pública o privada, sino sus los propietarios que son forzosamente privados son sus dueños legítimos o ilegítimos. En última instancia existe un ente llamado “Administración pública”, pero en la práctica, sólo existen personas que se reúnen en grupos, asociaciones o partidos, se dan el nombre de “gobierno o administración pública” y actúan de forma gubernamental, muchas veces imponiendo situaciones que si lo hiciesen a manera particular, nadie dudaría que se tratase de un delito grave
Ahora bien, sea un monarca o un grupo “gubernamental”, quien se apodera de las propiedades legítimas de otro vive en constante contradicción con su naturaleza humana. El individuo, en términos legítimos y acorde con la civilización, sólo puede vivir y prosperar en virtud de su propia producción y del intercambio de lo producido. Es indistinto si se trata de un individuo común, un monarca o un presidente, el que agrede y atenta contra los derechos legítimos, las libertades y las propiedades de los individuos no es un productor, es un depredador, que vive parásitamente de los productos y trabajo de otros. El parásito necesita seres “no parásitos”, seres productivos de los que alimentarse, porque el parásito no sólo no añade valor a la suma social de bienes y servicios, sino que depende totalmente del cuerpo en el que se hospeda. Todo aumento del parasitismo estatal reduce necesariamente la cantidad de productores, y en fin, cuando se extinguen los productores, el parasito se ve ante una situación muy compleja, donde debe encontrar en términos reales, a otro huésped del cual alimentarse o sucumbir, una lección que tuvo que sortear Fidel Castro ante el colapso de la URSS. Si es a esto lo que han llamado Guerra económica , ciertamente es una guerra ,pero emprendida por “los gobernantes” contra los individuos y no al revés. Que el mismo “gobierno” se haya visto afectado por su propia guerra no los hace víctimas sino victimarios. Es célebre la frase pronunciada en 1976 por Margaret Thatcher “El socialismo fracasa cuando se les acaba el dinero… de los demás”.
El parasitismo no puede configurar, por razones intrínsecas a su razón de ser, una ética universal como fundamento de una sociedad sana, libre y próspera. El sociólogo alemán Franz Oppenheimer, dice que existen dos maneras principales para hacerse con riqueza:
La primera es el método de la producción, generalmente seguida de intercambios voluntarios de los bienes producidos, lo que Oppenheimer denomina “Medio económico”. La otra es la vía de la expropiación mediante la violencia de la propiedad legítima de otra persona. A este sistema predatorio de adquisición de riquezas lo denomina Oppenheimmer como “Medio político”.
Si nos basamos en las definiciones de Franz Oppenheimer, podemos definir al delincuente en este caso, como cualquier individuo que ataca a otro (u otros), sus vidas, sus libertades o las propiedades legítimas por ellos producidas, ejerciendo la violencia de manera particular o bajo coacción y amenaza estatal, valiéndose de leyes injustas para tal fin, es decir, delincuente es también todo aquel que recurre a medios políticos para adquirir bienes y servicios.
José Daniel Montenegro Vidal, es ingeniero mecánico de profesión, de oficio empresario y es el Coordinador del Programa de Democracia de la Fundación “Educando País”