Las empresas tendrán que verificar si los ciudadanos de la Unión Europea (UE) que quieran contratar tienen derecho a trabajar en Reino Unido tras el Brexit, afirmó este martes la secretaria de Estado británica para la inmigración, sin poder especificar cómo.
Caroline Nokes, puesta a prueba por la comisión parlamentaria de Interior, reconoció que la cuestión era un verdadero “rompecabezas”, sin realmente tranquilizar sobre el destino reservado para cerca de 3,5 millones de ciudadanos europeos tras la salida de la UE, prevista para marzo de 2019.
Según el proyecto del gobierno británico, los ciudadanos europeos que residen desde hace más de cinco años en el Reino Unido tendrán dos años para pedir el estatuto de residentes permanentes, mientras que los demás deberán esperar a cumplir los cinco años en el país para hacerlo.
“Durante la transición, será prácticamente imposible diferenciar a alguien que ha vivido aquí y todavía no ha pedido el estatuto de residente permanente de alguien que acaba de llegar”, reconoció Nokes.
La ministra, a la que se le preguntó cómo realizarían las empresas estos controles, dijo que respondería más tarde por escrito al comité parlamentario.
“O usted va a tener un sistema impracticable, porque las empresas no podrán aplicarlo, o usted deberá aceptar que a las personas que lleguen después de marzo de 2019 se les apliquen las mismas reglas que a los que ya están aquí”, se indignó ante esta confusión la diputada laborista Yvette Cooper.
La oenegé de defensa de los inmigrantes JCWI describió “un nuevo ejemplo de que el gobierno no tiene ni la intención ni los recursos para aplicar un sistema de inmigración justo y humano tras el Brexit”.
Si bien la UE y Reino Unido se han puesto de acuerdo en la mayoría de los puntos, las negociaciones sobre el Brexit no han terminado, lo que hace pensar que habrá una salida sin acuerdo final.
AFP