El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Carlos Chinchilla, se acogió hoy a su jubilación unos días después de que fuera amonestado por la desestimación de una causa ligada al caso de presunta corrupción conocido como “el cementazo”.
EFE
La presidenta en ejercicio de la Corte Suprema, Carmenmaría Escoto, leyó en la sesión de hoy de la Corte Plena, una breve carta de Chinchilla, de 55 años, y quien ejercía el alto cargo desde el año 2014.
“Por este medio hago de su conocimiento, que he decidido hacer efectivo mi derecho de jubilación, a partir del día de hoy lunes 16 de julio de 2018”, indica la comunicación de Chinchilla.
La semana pasada Chinchilla y tres magistrados más de la Sala Tercera (Casación Penal): Jesús Ramírez, Doris Arias Madrigal y María Elena Gómez fueron amonestados por escrito por desestimar en febrero de 2017 una causa que involucraba a los entonces diputados Otto Guevara y Víctor Morales con el caso de “el cementazo”.
La causa señalaba a los legisladores como sospechosos del delito de tráfico de influencias en favor del empresario importador de cemento Juan Carlos Bolaños, quien aparentemente fue beneficiado con millonarios créditos bancarios y la flexibilización de trámites de importación.
Los magistrados acogieron la solicitud de desestimación de la entonces fiscal Berenice Smith y no revisaron un informe del Organismo de Investigación Judicial que detallaba cientos de contactos telefónicos entre los diputados y el empresario.
La polémica surgió en medios de comunicación y dentro del mismo Poder Judicial la semana pasada cuando la Corte Plena amonestó por escrito a los magistrados al no alcanzar los votos necesarios para una sanción mayor.
“El cementazo” es un caso de una aparente red de tráfico de influencias que involucra a funcionarios del Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, así como del estatal Banco de Costa Rica, con el empresario importador de cemento Juan Carlos Bolaños.
Mediante esta red se habrían facilitado créditos bancarios a Bolaños por más de 30 millones de dólares para la compra de cemento chino y se habrían flexibilizado los requisitos para la importación del producto.
En octubre pasado la Corte Suprema de Justicia suspendió al exfiscal general Jorge Chavarría para investigarle por solicitar a la Sala III la desestimación de otra causa vinculada al “cementazo”. En diciembre, el exfiscal se acogió a su jubilación.
Celso Gamboa fue destituido de la Sala III por el Congreso en abril pasado, a petición de la Corte Suprema, por sus supuestos nexos con el empresario Bolaños.
En Costa Rica los magistrados son nombrados por el Congreso, por lo que es esta institución la única que puede despedirlos del cargo.
El Gobierno del expresidente Luis Guillermo Solís (2014-2018) aplicó cambios a reglamentos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio para flexibilizar los requisitos para la importación de cemento.
El mandatario compareció ante una comisión del Congreso por este caso en septiembre pasado y afirmó que los cambios se efectuaron para romper el duopolio de las empresas Cemex y Holcim y beneficiar a los consumidores y no para ayudar al empresario Bolaños.