El sistema político venezolano se encuentra en un momento determinante. Las distintas fuerzas políticas están redefiniendo sus estrategias y planes de acción, a la expectativa de lo que pueda llegar a suceder en los próximos días, sobre todo si se toma en cuenta el nivel de incertidumbre y el grado de polarización que recorre las calles y se esparce entre millones de ciudadanos que no tienen un panorama claro sobre el porvenir, a partir de lo ocurrido el pasado 20 de mayo.
Sin lugar a dudas, estamos frente a la consolidación de un modelo político que utiliza la imagen de la democracia como una mera fachada, o un instrumento de manipulación para tratar de proyectar ante la opinión pública internacional la falsa idea de un sistema electoral competitivo afianzado. Pero los hechos hablan por sí solos: el régimen ha bloqueado todas las vías institucionales para canalizar el descontento popular. En su lugar, se encuentra propiciando un escenario de mayor complejidad política y perturbación social, si a ello sumamos la variable económica que finalmente podría determinar una transformación sustantiva, específicamente si se evalúa desde una forma prospectiva y se toman en cuenta las consecuencias que la falta de respuestas a las demandas sociales pudieran generarse en un corto, mediano y largo plazo para la estabilidad.
El último proceso electoral celebrado en Venezuela sólo nos ha dejado como referencia el nivel de fragilidad institucional con la que contamos. La falta de una democracia fuerte se ha reflejado en los contantes atropellos que la clase política en el poder ha cometido contra el ordenamiento jurídico y el principio de supremacía constitucional. El uso inescrupuloso de los recursos del Estado para fines proselitistas; la utilización de la justicia a conveniencia, y el desconocimiento del principio de la separación de poderes; la persecución por expresar opiniones diferentes; sumándole a esto el comportamiento poco profesional de la Fuerza Armada Nacional, que se destaca por una fidelidad y una perspectiva ideológica retrógrada ajena a los valores democráticos; todo ello ha supuesto una clara violación al Estado de Derecho y a la Carta Magna, reflejada en el desconocimiento que los distintos factores de poder hacen a la voluntad general de la ciudadanía.
En este marco, lo que viene estará determinado por la capacidad de reacción que la comunidad política nacional e internacional pueda manifestar, frente a las estructuras de dominación del régimen en el corto y mediano plazo; al menos para evitar que el factor tiempo pueda incidir aún más en el nivel de apatía y de desmovilización opositora.
A lo interno del sistema político las diversas agrupaciones deberán sumar esfuerzos para coincidir en puntos de encuentro, donde finalmente se puedan superar las desavenencias y se impulsen elementos que permitan establecer frenos a un modelo de dominación que utiliza el hambre como mecanismo de cooptación. En este marco, la capacidad para reconocer y corregir los errores, para rectificar, reunir ideas y diseñar planes de acción que permitan organizar a la ciudadanía se convertirá en un elemento determinante.
Por otro lado, a lo externo del sistema político venezolano las distintas manifestaciones de apoyo tampoco se han hecho esperar. La comunidad internacional manifestó su rechazo a los resultados del simulacro electoral, por considerar que no cumplió con los estándares internacionales que permiten afirmar que fuese una elección transparente, justa, libre y democrática; en su lugar, la opinión general evaluó que lo del pasado domingo se trató más de un asunto de “coronación”.
Justamente, esta situación ha abierto una reacción en cadena, donde muchos Estados están llamando a capítulo a sus representantes diplomáticos en el país, así como también se plantean más sanciones contra funcionarios venezolanos. Ese desconocimiento general está suponiendo un estado de aislamiento prolongado, que sólo puede traer el desarrollo de situaciones de mayor confrontación, con consecuencias severas para los sectores más vulnerables.
A pesar de que Nicolás Maduro intente justificar que el estado de la crisis obedece a una conspiración mundial en su contra, deberá considerar como elemento relevante que la falta de soluciones y respuestas contundentes a las demandas sociales es de su absoluta responsabilidad, y el ciudadano promedio lo sabe. El agravamiento de la crisis humanitaria, el colapso de los servicios públicos, la hiperinflación en sus cifras récord, la falta de liquidez, y como resultado la crisis del sistema bancario; todo ello muestra parte de nuestro drama cotidiano. Por lo tanto, aunque a primera vista parezca que con la coronación Maduro resultó ileso, el estado de desequilibrio económico, social y político finalmente forzará el desarrollo de un clima de mayor perturbación e inestabilidad.