La Generalitat de Cataluña propone, en su retocado borrador de la Ley de Transitoriedad Jurídica (LTJ) al que ha tenido acceso EL PAÍS, activar un proceso “participativo de base ciudadana” para redactar y aprobar la hipotética Constitución de la República catalana. Antes, sin embargo, la ley proclama ya esa República y se erige en “norma suprema” mientras no haya una Constitución. Desde la supuesta celebración del referéndum por la independencia, el 1 de octubre, durante seis meses se planteará un debate asambleario y social, al que seguirían unas elecciones constituyentes para refinar esas ideas y redactar una Constitución. Si esa norma fuese ratificada por la “Asamblea constituyente” se convocaría otro referéndum y nuevas elecciones. Así lo reseña elpais.com
El corregido texto de la Ley de Transitoriedad Jurídica (esa especie de preconstitución catalana) ha sido redactado ahora en coordinación por Marta Rovira, secretaria general y número dosde ERC y portavoz de Junts pel Sí en el Parlament catalán, y por Jordi Turull, presidente del Grupo Parlamentario de Junts pel Sí y miembro de la dirección del PDeCAT. El documento contiene algunos matices sobre el proyecto que EL PAÍS ya avanzó el pasado 22 de mayo con la intención de buscar más apoyos políticos entre los dirigentes y bases de En Comú Podem y un capítulo entero nuevo (el título VII) sobre cómo se desarrollaría el llamado proceso constituyente.
El objetivo de los dos partidos socios en el Gobierno de la Generalitat es presentar a mediados de este mes de julio el nuevo documento, que debería servir de hoja de ruta para el proceso independentista. El calendario soberanista avanza hacia el 1-O sin un sustento jurídico, sin urnas ni solución sobre los colegios electorales o el recuento y con una oposición férrea del Ejecutivo central, que se niega a cualquier acuerdo o negociación sobre una consulta ilegal que no se contempla en la Constitución española.
La nueva ley exprés de ruptura de Cataluña con España contiene siete títulos y 71 artículos. En su desarrollo se suprime el punto segundo de la anterior disposición final segunda sobre la entrada en vigor de esa norma que establecía: “Si el Estado español impidiera de manera efectiva la celebración del referéndum, esta ley entrará en vigor de manera completa e inmediata cuando el Parlamento constate este impedimento”. Ahora se ha preferido obviar ese choque.
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