El voto, uno votando, debe ser la máxima expresión de la libertad de conciencia, la plenitud de la libertad eleccionaria. No es lo que ocurre hoy en Venezuela. La elección a la que acudiremos este 6 de diciembre es de las más cobardes que se han planteado en nuestro país, por muy diversas razones. La principal de ellas se sustenta en el terror del que es poseso un régimen terrorista por perder el poder.
¿Toda elección es democrática? Esta no lo es. Veamos: Como parte esencial de la democracia representativa, aquella que consiste en elegir a alguien que represente mis intereses e ideales o alguien electo que representa los intereses e ideales de los demás, la Carta Interamericana Democrática señala: “… la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.
Detengámonos en las partes de este enunciado. Elecciones periódicas ha habido últimamente con suficiencia en Venezuela. Ahora, libres no son. El poder impone a los empleados públicos, esa cantidad de gobierno-dependientes que se ha incrementado con el paso de estos últimos años en el país, votar por él so pena de perder su empleo o sus míseras dádivas. El poder gubernamental impone, va y busca en casa, a todo aquel a quien le dio alguna prebenda y lo lleva a votar después de uniformarlo del rojo color gubernamental, cobrándole su “vacuna” por la casita enclenque, por la comidita que semanal, quincenal o mensualmente, cada vez más esporádicamente, le lanza como a cochino en chiquero. Le espían el voto (con lo cual se pierde el secreto) con los dirigentes zonales o regionales y hasta le piden la comprobación con la foto. Las elecciones, pues, no son exactamente libres ni los votos secretos.
¿Justas? Esto significa equilibradas, con las mismas oportunidades o similares. Esto así tampoco es. El gobierno dispone y usa de todos los recursos del estado para gastarlos en la elección: carros de las empresas públicas transportan votantes co-partidarios del PSUV y se emplean para distribuir las publicidades de la campaña, así como las horas-hombre. Los recursos públicos se usan también para la divulgación de los dirigentes del partido vía radio y televisión públicas. Quienes detentan cargos de poder, desde el Presidente de la República hacia abajo, participan de las campañas abandonando sus altas responsabilidades. Por ejemplo, el Ministro de Educación Universitaria, Presidente de la CANTV a su vez (¿cobra ambos sueldos o uno multiplicado?) es quien dirige la campaña de los candidatos oficiales en el estado Lara, público y notorio todo esto. ¿Es justo? Desde luego que no. Y es sólo una minucia en comparación con todos los hechos injustos al respecto de las elecciones.
Voy a lo que más me importa ahora. El “régimen plural de partidos y organizaciones políticas”. Los partidos existen y funcionan legalmente en Venezuela, bajo la dictadura venezolana, no como cuando Pérez Jiménez, más directo y valeroso (no por exaltar criminales) que decidió y dijo que los partidos eran nocivos, y decidió ilegalizar a Acción Democrática y el Partido Comunista, sus principales enemigos políticos, de frente. Hoy no. A este otro régimen dictatorial, desconocedor de los factores democráticos, por miedo de algunos militares enquistados, les dio por apresar a los más altos dirigentes de algunos de los principales partidos opositores, para anularlos, para callarlos, para aniquilarlos.
Así, se darán unas muy extrañas elecciones con apariencia de democracia, ante un mundo cada vez más convencido de la tesitura dictatorial y militarista de este régimen despótico, con máximos dirigentes tras las rejas, sin poder ser electos, por impedimentos de inhabilitaciones e imposibilitados de dar sus arengas, de movilizar y hacer el trabajo político de convencer a sus copartidarios y otros de lo que tienen que hacer el 6D. Leopoldo López, máximo dirigente de Voluntad Popular y Daniel Ceballos están en ese caso. Antonio Ledezma, máximo dirigente de Alianza Bravo Pueblo encarcelado en su casa y, más recientemente, el Presidente del partido Un Nuevo Tiempo Manuel Rosales, excandidato a la presidencia de la República, exgobernador del Zulia, fue puesto preso al llegar a Venezuela. Ni hablar de la tan golpeada María Corina Machado, la diputada que obtuvo la mayor votación en las pasadas elecciones parlamentarias y dirigente principal del partido Vente Venezuela también inhabilitada para ser electa. ¿Qué significa este disparate en plenas elecciones?
Que le tienen terror a la democracia, al régimen de partidos, a la libertad de pensamiento y su expresión.
De la partecita final del enunciado, aquella de la “separación e independencia de los poderes públicos” ni hablo, porque no se trata de reír. Basta ver a algunos de esos funcionarios públicos que deberían ser independientes y que han sido hasta gobernadores por el partido de gobierno. Qué va.
Los países del continente deben fijarse con detenimiento en esta Carta Interamericana y tener el valor del Secretario General de la OEA, para denunciar esta carta, por las exigencias en cuanto a la democracia de partidos, a los derechos humanos y a la libertad de expresión, porque en Venezuela actualmente y desde hace un largo tiempo ninguno de los preceptos de esa carta se cumple.
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