Los violentos ataques de Nicolás Maduro contra la libertad de prensa en Venezuela han causado el repudio a nivel continental y mundial. La ONG venezolana Espacio Público registró 158 ataques contra la libertad de expresión hasta octubre de 2013, desde agresiones verbales y físicas contra periodistas hasta procesos judiciales y de censura contra medios. Amenazar a la prensa es, por supuesto, un serio motivo de preocupación. Pero la acción como tal no tiene nada nuevo. Por más de una década Hugo Chávez hizo de las escaramuzas con los medios su sello personal, llevando muchas veces sus amenazas a la práctica al cancelar las licencias de operación de canales de televisión y emisoras de radio.
Si Chávez adoptó estas acciones impunemente fue porque había logrado crear un marco institucional y político bajo su férreo control. Es ese mismo marco el que hoy permite a Maduro tronar contra la prensa, como lo hizo el 10 de octubre al acusar al diario 2001 de “sabotear” la economía por un titular acerca de la escasez de gasolina llamando a sus directivos “bandidos y delincuentes”, para luego amenazarlos con sanciones “severas”. Sin embargo, como se repite a cada instante en Venezuela, “Maduro no es Chávez”. La revolución bolivariana ha perdido no sólo al hombre que llevaba las riendas, sino a la figura que, por un lado, centralizaba todas las decisiones de gobierno y que, por el otro, atizaba o apagaba las disputas internas entre su variopinta y contradictoria cofradía. Tampoco la Venezuela de 2013 es la misma que gobernó Chávez por casi 14 años. Los problemas endémicos de la era chavista, como el espiral de inseguridad, que coloca al país entre los diez más peligrosos del mundo, y una descomunal corrupción enquistada en la médula del alto gobierno, se han agravado y no se curan repartiendo televisores de plasma. A esto se suma un deterioro económico dramático, caracterizado por escasez de alimentos y productos básicos, una inflación cercana al 50% y un mercado negro de divisas desquiciado donde el dólar alcanza nueve veces su valor oficial.
Estos antecedentes son importantes para entender la reciente creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa). El objetivo de esta agencia es recoger y evaluar información estratégica para el gobierno, para “prever y neutralizar potenciales amenazas a sus intereses vitales”. Pero el alcance del Cesppa va mucho más lejos de este vago enunciado. El Cesppa “podrá declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualesquiera información, hecho o circunstancia, que en cumplimiento de sus funciones tenga conocimiento (…)”. En otras palabras, podrá no sólo requerir información en cualquier instancia pública o privada que lo considere relevante, sino también censurar y reprimir a discreción informaciones y hechos. O criminalizar “circunstancias”.
La primera versión del decreto de creación del Cesppa asociaba estas funciones a la necesidad de supervisar “la actividad enemiga interna y externa”. Ante el elevado volumen de la crítica nacional e internacional, se emitió una nueva versión del decreto sin esa mención. Sin embargo, no se eliminó el fuerte olor a Estado de Seguridad que emana del decreto. Con razón, analistas y críticos del gobierno lo calificaron de versión caribeña y miniaturizada del Acta Patriótica, implementada en Estados Unidos a raíz de los ataques del 11 de septiembre de 2001.
Los vientos que soplan en Venezuela son los de un deterioro galopante de la situación económica y social. Aunque muchas de las medidas tomadas por Maduro son válvulas de escape para evitar un estallido social, la ingobernabilidad sigue presente. La naturaleza del Cesppa se sustenta en la inminencia de ese escenario, en el cual argumentos como la seguridad nacional, el bien común y la soberanía puedan ser usados como pretextos de un Estado de Excepción, y neutralizar así a la disidencia y a la oposición. Evitará usarlo contra “el pueblo”, pero, como se ha visto, lo dirigirá contra los designados enemigos de la revolución. El mecanismo que lo permite ya existe, las consecuencias de su puesta en práctica son de por sí funestas, pero pueden llegar a ser salvajes y sangrientas.
Boris Muñoz es periodista venezolano y académico en la Universidad de Harvard
Publicado en América Economía