Tensa es la actual situación política. De nuevo, el poder autoritario arremete contra la oposición democrática, y Venezuela sigue dando qué hablar.
De un país que tiene esbirros por fiscales del ministerio público y verdugos por jueces, no se puede decir nada bueno. Nuestra administración de justicia es de vómito.
En Venezuela, estamos viviendo momentos álgidos de desvergüenza institucional, de oprobio político. Desde lo que usurpan el poder hasta todos los poderes públicos.
La degradación moral, con una que otra excepción, no puede ser mayor. Ha batido el record histórico nacional. Algo nunca antes visto.
Las más recientes acciones arbitrarias contra dirigentes de la oposición democrática atestiguan hasta dónde son capaces los que gobiernan de pisotear sin ningún pudor todo principio o norma legal.
A Pablo Pérez y Leopoldo López les ha tocado en esta oportunidad ser víctimas del atropello. Éste forma parte del plan de persecución fraguado desde un poder en decadencia, que se pudre en sus entrañas, por la corrupción y el canibalismo interno, que siente el temor de su desplazamiento en corto plazo.
Es muy difícil no sentirse abochornado por la imagen que estamos trasmitiendo al mundo. Si ya ésta era patética en los últimos años, qué se puede decir de lo que está sucediendo en los días que corren.
La burla de que somos objeto todos los venezolanos con la situación opaca de la enfermedad del presidente raya en la obscenidad. Es un escándalo para cualquier observador. Los extranjeros que conocen de nuestros asuntos no pueden comprender, y algunos ni creer, cómo en nuestro país puede estar aconteciendo semejante cosa.
Las violaciones flagrantes y reiteradas a la Constitución, avaladas por un poder judicial infame, que constituirían una afrenta para cualquier pueblo de un país medianamente civilizado, son en el nuestro el pan de cada día.
La barbarie, que ha tomado el poder desde hace más de una década, infringe como le viene en gana, el ordenamiento jurídico. No respeta principios constitucionales, ni normas legales.
La crueldad de quienes gobiernan de cara a los presos políticos que injustamente han sido sentenciados o están en proceso, llega a los niveles de sadismo. La monstruosidad de esta conducta sólo tiene explicación en un grave desequilibrio psicológico o en una enajenación producto de la ideología mortífera que los inspira.
No otra puede ser la conclusión a la que uno puede llegar sobre los salvajes que operan la descomposición social que experimenta lamentablemente Venezuela.
Este horror sin duda, nos sobrecoge. Nunca, ni por asomo, me pasó por la mente que cosa parecida pudiera llegar a ocurrir aquí. El resentimiento y el odio que han sido potenciados y alimentados desde el poder han transformado el alma de muchos venezolanos, para mal, y eso requerirá de mucho esfuerzo para revertirlo.
Esta atrocidad tiene que parar. Debemos pararla. Política y éticamente estamos obligados a ello. A las fuerzas democráticas les corresponde un delicado papel en la reorientación política, económica y social del país. Y en la coyuntura que se avecina, debe demostrar su capacidad e inteligencia para que el necesario viraje se dé en las condiciones menos traumáticas.
El pulso de los acontecimientos no se puede perder. Las acciones políticas de protesta, denuncia y movilización que sea menester adelantar, deben estar signadas por la estrategia diseñada y consensuada en el seno de la unidad de los partidos democráticos y otras organizaciones. Perseverar en ella es la garantía del triunfo definitivo.